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IPYS denuncia grave violación de libertad de expresión por detención de la periodista Nakary Ramos y su esposo

La ONG exigió a las autoridades garantizar el debido proceso y poner fin a la criminalización de la labor periodística en Venezuela, donde, según sus datos, hay 15 periodistas detenidos
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La ONG Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) denunció este viernes la detención de la reportera Nakary Ramos y su esposo y asistente de cámara, Gianni González, calificándola de una grave violación de la libertad de expresión y del derecho al ejercicio del periodismo. La organización detalló que la pareja está acusada de instigación al odio y difusión de noticias falsas.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, IPYS explicó que la detención de Ramos y González se produjo "días después de que el medio digital Impacto Venezuela publicara un reportaje firmado por la periodista sobre el presunto aumento de robos en Caracas".

La ONG señaló que "el medio oficialista Venezuela News criticó la publicación, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, anunció una 'investigación profunda' sobre la difusión de estos reportes en redes sociales", reseñó Efe.

Ante esta situación, IPYS exigió a las autoridades garantizar el debido proceso y poner fin a la criminalización de la labor periodística en Venezuela, donde, según sus datos, hay 15 periodistas detenidos.

 

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Nakary Ramos será recluida en el INOF

La organización informó que Ramos será recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Miranda, cerca de Caracas, mientras que su esposo será trasladado al centro penitenciario El Rodeo II, en el mismo estado.

El jueves, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) había denunciado la desaparición de la pareja desde el 8 de abril, tras una cobertura periodística en Caracas. El sindicato confirmó su detención en el Palacio de Justicia de Caracas el día anterior.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó posición el jueves, al instar al Estado venezolano a "garantizar el respeto a los derechos fundamentales" de la periodista y a "abstenerse de tomar represalias por el ejercicio de su labor".

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