Denis Caldeira se encuentra en una situación de incertidumbre legal, luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos autorizara al gobierno de Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que resguardaba a cerca de 350.000 migrantes venezolanos, incluido él.
"Hay que salir a trabajar. No me puedo quedar encerrado en casa. Obviamente siento miedo, pero no hay nada que pueda hacer", comenta a AFP desde Doral, ciudad cercana a Miami donde más de 40% de los residentes son venezolanos.
Caldeira, de 47 años, es uno de los beneficiarios del TPS, un programa que brinda protección migratoria a miles de venezolanos, impulsado por el expresidente Joe Biden, quien calificó al gobierno de Nicolás Maduro como autoritario.
El TPS para venezolanos
Antes de dejar el cargo en enero, Biden extendió el TPS por 18 meses desde abril. Sin embargo, la administración de Trump —que recibió amplio respaldo de votantes venezolano-estadounidenses— anuló esa extensión, lo que dejó a miles en una situación de riesgo migratorio.
"Desde que empezó su mandato, hubo como una especie de persecución hacia los venezolanos en particular", lamenta Caldeira desde El Arepazo, un icónico restaurante venezolano en Doral.
Muchos residentes de la zona no comprenden que el gobierno de Trump, quien incluso posee un club de golf en la ciudad, haya incluido a los venezolanos en su política antiinmigrante.
"La mayoría de los venezolanos-estadounidenses votaron pensando que (Trump) iba a tener una postura mucho más frontal en contra del régimen de Maduro, que lo iba a sacar del poder, no que iba a terminar sacando a los venezolanos de Estados Unidos", señala José Antonio Colina, líder de una organización de exiliados.
También cuestiona la contradicción entre el retiro del TPS y los informes de los servicios de inteligencia:
"Hay una profunda contradicción porque, si los servicios de inteligencia estadounidenses han evaluado que Venezuela es un país donde no se respetan los derechos humanos, ¿cómo puede mandar allá a miles personas que vinieron precisamente por persecución política?"
Desde Caracas, Nicolás Maduro también reaccionó:
"Rechazo y repudio el retiro del TPS como protección social a la migración venezolana; migrar no es delito, quitarle el TPS sí es un delito", afirmó.
Un futuro incierto
Keyla Méndez, cuya protección legal continúa hasta agosto, también vive con temor e incertidumbre tras el fallo de la Corte Suprema.
"Hemos formado una familia aquí, hemos progresado, hemos creado un vínculo", dice esta mujer de 55 años que trabaja en un estudio jurídico.
"Mis hijos están estudiando, quieren un futuro aquí. Tienen miedo de volver. Hemos migrado de una situación bien crítica que vive nuestro país."
Para muchos, lo más doloroso es la idea de abandonar una vida construida con esfuerzo en EE. UU.
"Esperábamos que todo este proceso de limpieza (sic) fuera contra las personas que lo merecían, no contra todos nosotros", comenta Oli García, dueña de una imprenta en Doral, conocida popularmente como "Doralzuela" por su gran comunidad venezolana.
"Nosotros hemos aportado muchísimo. Quiero más empresas y quiero crecer más, quiero tener una sucursal", dice esta emprendedora de 42 años.
"Pero ahorita no sé qué hacer, no sé qué va a pasar, no sé si de verdad voy a terminar creciendo aquí o al final voy a tener que irme."
