El año pasado se registraron 99 detenciones en Venezuela por simplemente “expresar opiniones”, lo que representa un alarmante aumento de 254% en comparación con 2023, cuando solo se documentaron 28 casos, dijo la ONG Espacio Público, que presentó este viernes su informe anual.
El informe señala que 71 de esas detenciones afectaron a ciudadanos comunes y 24 a periodistas y a otros trabajadores de medios de comunicación, mientras que el resto incluyó a miembros de organizaciones no gubernamentales y empleados públicos.
Indicó que 28 de las detenciones se realizaron “por el uso de redes sociales o internet” y “al menos 36 se llevaron a cabo bajo acusaciones de supuesta instigación al odio”.
“Las detenciones arbitrarias fueron una de las principales herramientas utilizadas por el Estado para silenciar a quienes ejercen la libertad de expresión. Esta escalada de la represión refleja una estrategia gubernamental dirigida a controlar el discurso público y a limitar el espacio cívico, la cual se intensificó a partir del proceso electoral presidencial (del 28 de julio)”, dice Espacio Público.
#InformeVE2024 | Espacio Público reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información | #2may
Pueden leer nuestro reciente informe anual aquí:https://t.co/VMGwqjdMKW
— Espacio Público (@espaciopublico) May 2, 2025
Fraude electoral: intensificación de la represión en Venezuela
La organización advirtió que las presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador por el ente electoral - situación que la oposición denunció como “fraude”- “marcaron un hito negativo en la garantía de derechos humanos”, tras intensificarse la persecución y el hostigamiento contra ciudadanos “especialmente hacia opositores políticos, activistas y periodistas”.
Este “clima de miedo y control buscó silenciar a la oposición y socavar la legitimidad del proceso electoral”, añadió.
Leyes regresivas amenazan la existencia de ONG en Venezuela
Espacio Público sostuvo que la implementación y avance de “leyes regresivas complementan un escenario severamente restringido (...), y concretan la ilegalización de las organizaciones de la sociedad civil”. Entre estas normativas destaca la ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales, aprobada en agosto de 2024 por la Asamblea Nacional, dominada por el chavismo.
La ONG reportó que en los primeros tres meses del año se registraron 93 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela. Lo que representa disminución de 7,9% respecto al mismo período en 2024, cuando se contabilizaron 101.
Carlos Correa, director de Espacio Público, estuvo detenido nueve días, entre el 7 y el 16 de enero, luego de ser presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, lo que fue rechazado por organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos políticos de oposición.
