La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció este viernes que la activista Rocío San Miguel, presa desde febrero de 2024, lleva más de siete meses sin recibir tratamiento médico por una fractura en el hombro, lo que calificó como una "grave violación a sus derechos humanos".
"A pesar de la seriedad de la fractura, la falta de atención médica especializada pone en riesgo su salud física y emocional, con posibles secuelas irreversibles", alertó la ONG en su cuenta de X.
Asimismo, enfatizó que este hecho constituye una "grave violación" de los derechos de San Miguel, específicamente su derecho a la salud, a la integridad personal y a condiciones dignas de detención, contraviniendo los estándares internacionales, reseñó Efe.
Audiencia de Rocío San Miguel postergada cuatro veces
La ONG señaló el "inadmisible retardo procesal", con cuatro postergaciones de la audiencia de juicio, cada una con intervalos de casi dos meses.
Exigió la liberación inmediata y sin condiciones de la presidenta de Control Ciudadano.
La cuarta postergación de la audiencia de San Miguel ocurrió el 31 de marzo, reprogramándose para el 26 de mayo debido a la "falta de traslado" al juzgado, informó Martha Tineo, coordinadora general de la ONG, a Efe.
En diciembre, el abogado de San Miguel, Juan González Taguaruco, declaró a Efe que la fractura se produjo por una caída a causa de un mareo por laberintitis, una condición que "no fue debidamente atendida" y que desde entonces la activista sufría dolor y era tratada solo con analgésicos.
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto de Maiquetía, cuando iba a viajar con su hija.
La Fiscalía la acusa de estar vinculada a una supuesta "trama conspirativa" para atentar contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, alegando que "entregó información" militar a un embajador de la Unión Europea y a representaciones de otros tres países no identificados, según el fiscal general Tarek William Saab.
