Es inaceptable la suspensión de las visitas a los presos políticos por ser una decisión al margen de la ley, violadora del código penitenciario y los derechos humanos.
Algunos presos políticos tienen meses sin ver a sus familiares, una crueldad sin límites, una conducta inhumana que viola el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece la responsabilidad del Estado en preservar la vida de los privados de libertad. Este derecho constitucional es ignorado por el sistema de justicia, que también convirtió en letra muerta el artículo 49, que establece la obligatoriedad de respetar y garantizar el debido proceso.
Aunque suene insólito, en Vnezuela el verdugo es el llamado sistema penitenciario que sigue pisoteando las garantías procesales, constitucionales y los derechos humanos tanto de los familiares como de los presos políticos.
La suspension de las visitas de los parientes, así como la de los médicos que quieren constatar el estado de salud de muchos presos políticos, incluidos los 11 periodistas que fueron detenidos simplemente por hacer su trabajo, es un acto criminal que solo ocurre en un país donde el Estado desprecia la vida y permite actuaciones de un sistema de justicia inhumano, que se empeña en responder únicamente a la disciplina partidista, alejado de todo signo de imparcialidad y de lo que en líneas generales conocemos como justicia.
Responsabilizo al sistema penitenciario de la salud y la vida de todos los presos políticos. Negarles las visitas es una acción desde todo punto de vista reprochable.
