Hoy vuelvo a exigir al sistema de justicia el restablecimiento de las visitas de los familiares a los presos políticos. Hay decenas de ellos a los que nunca se les ha permitido contacto con sus madres y padres, aun sabiendo que son derechos estipulados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Código Penitenciario. Cabe entonces preguntar qué sistema penal y que Constitución ampara sus acciones.
El Estado pareciera que se ha propuesto no dejar derechos constitucionales ni garantías procesales sin vulnerar. Negar atención médica privada a presos políticos que actualmente padecen de alguna patología es un crimen. Los familiares siguen recorriendo instituciones del Estado y ahora embajadas, pero siguen sin ser oídas.
La mezquindad es tan grande que ni siquiera han decidido diseñar un plan de emergencia de salud para proceder a examinar y evaluar los casos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43 de la carta magna en su último aparte.
Hay que rescatar la autonomía y la independencia del sistema de justicia. No puede seguir actuando al margen de la ley. Justicia imparcial.
