Tres días de gracia dio el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para conocer el destino de la licencia que permitía a la empresa Chevron operar en Venezuela. Inicialmente, la decisión se conocería el primero de marzo, pero solo hasta este martes la OFAC dio 30 días para que la petrolera desmonte operaciones en el país.
A la llegada de Trump al poder le siguió un fuerte y millonario lobby en favor de que la empresa continuara operaciones en Venezuela, lo que había dado resultado hasta el momento. Pero la presión de parlamentarios republicanos y el ala fuerte de la oposición venezolana devinieron en la revocatoria de la licencia 41 otorgada por Joe Biden y que se traduce en 400 millones de dólares mensuales que dejará de recibir Caracas.
Son aproximadamente 200.000 barriles de petróleo diarios que aportaban las operaciones de Chevron al mercado estadounidense, más o menos 25% de la producción venezolana. Además, también se especula que la OFAC impedirá operar en el país a las empresas estadounidenses Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford desde el 9 de mayo.
Las exportaciones petroleras lograron estabilizar la economía venezolana, justo cuando el gobierno de Biden otorgó en noviembre de 2022 la licencia 41. El repunte mejoró los indicadores y permitió al país salir de la hiperinflación.
Junto con Chevron comenzaron a operar las empresas Repsol, Maurel & Prom, ENI y la india Reliance, las cuales no se sabe si deberán salir de Venezuela, puesto que operan con permisos estadounidenses.
De hecho, la colombiana Ecopetrol descartó el martes hacer negocios petroleros con Venezuela tras la ratificación del retiro de la licencia por parte del gobierno
Opiniones encontradas tras decisión de EE UU de poner fin a la licencia de Chevron
En Venezuela, además del gobierno, a los ciudadanos no les ha sentado muy bien la decisión estadounidense, puesto que las sanciones dejaron una herida profunda en el país. Aunque no son la causa de la crisis.
Nicolás Maduro aseguró a inicios de 2023 que desde 2019 el país dejó de recibir 232.000 millones de dólares en el sector petrolero debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos, las cuales empeoraron en 2019 bajo el mandato de Trump.
Los 400 millones de dólares por concepto de Chevron - según analistas- servían para la intervención bancaria que realizaba mensualmente el Banco Central de Venezuela y que ha mantenido, aunque con dificultad, una cierta estabilización del tipo de cambio, aunque no ha dejado de tener disparidad.
En 2022 la inflación cerró en 305%, mientras que en 2023 se ubicó en 193%. En tanto que que en 2024 fue de 85%, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas.
Aunque estos números son buenos, la crisis no desapareció y la inflación se mantiene con tendencia al alza.
Para Francisco Rodríguez, profesor de Asuntos Públicos e Internacionales en la Universidad de Denver, ahora esta revocatoria de la licencia también acentuará un problema: la migración.
“La decisión del Departamento del Tesoro de revocar la Licencia General 41 y reemplazarla con una autorización para terminar de cerrar operaciones en un mes tendrá fuertes efectos económicos en Venezuela, con impacto en flujos migratorios hacia la región y Estados Unidos”, escribió Rodríguez en su cuenta de X.
El académico siempre ha sostenido que las sanciones no son el mejor mecanismo y que han contribuido al colapso económico del país.
En diciembre, Rodríguez vaticinó que un regreso a la política de máxima presión -incluyendo el retiro de la licencia de Chevron y otras autorizaciones- podría llevar a 1 millón de venezolanos a emigrar en los próximos 5 años.
“También estimo que este escenario llevará a la economía venezolana a contraerse 9,6% en cinco años, lo que implica una nueva recesión, aumento de la pobreza, desnutrición, inseguridad alimentaria y mortalidad, todos estrechamente ligados al PIB”, insiste Rodríguez.
Sin embargo, actores de la oposición creen que repetir la fórmula de sanciones servirá esta vez. “Es una decisión correcta en el momento correcto, y es un mensaje al régimen de que no se quedarán por la fuerza. Estas estructuras se quiebran cuando cortas el flujo de dinero, ese recurso no se usa para escuelas y hospitales, se usa para la represión”, dijo María Corina Machado el martes en entrevista con medios estadounidenses.
El director de la firma de opinión y consulta Datanálisis, Luis Vicente León, considera que la decisión de la OFAC “representa un triunfo de la línea dura en el Congreso norteamericano”.
Para León, los impactos económicos de esta decisión son evidentes: caída en los flujos de caja de la nación, reducción de la confianza de los inversionistas y consumidores, deterioro de las proyecciones de las principales variables macroeconómicas del país y un aumento relevante de la presión migratoria, que volverá a hacer pico en breve, así como un redireccionamiento del mercado petrolero hacia Asia.
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