El presupuesto nacional de Venezuela es crucial para la economía y el desarrollo del país. Sin embargo, desde 2016 no se publica, violando la Constitución y principios de transparencia, según destaca Transparencia Venezuela en un análisis. La discusión en el Parlamento para el Presupuesto 2025 también inició con un retraso significativo.
La Ley de Presupuesto Nacional 2025, la Ley Especial de Endeudamiento y el Plan Operativo Anual fueron aprobados por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2024, ratificados dos días después. A pesar de su naturaleza de ley, el gobierno mantiene esta información en secreto. Llevan 16 años sin publicar la ejecución real del gasto.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez presentó el presupuesto de 2025 por 906.459.117.540 bolívares. Según sus declaraciones, usando un cambio de 40 bolívares por dólar, equivalía a 22.661 millones de dólares, un aumento de 10,6% respecto a 2024.
¿Qué tanto ha afectado el alza del dólar oficial al presupuesto de Venezuela? ?
En nuestro más reciente informe analizamos el Presupuesto de la Nación 2025: https://t.co/IfzUP3no4h
Y en este hilo te damos algunas pistas ?
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) June 6, 2025
Valor real del presupuesto disminuye drásticamente
Sin embargo, al tipo de cambio oficial del 3 de diciembre de 2024 (47,72 bolívares por dólar), el presupuesto total es de 18.995 millones de dólares. Transparencia Venezuela, que obtuvo los documentos extraoficialmente, calculó las equivalencias en dólares usando esta tasa oficial.
Considerando una inflación de 48% en 2024, según declaraciones oficiales, el presupuesto total de 2025 decreció en términos reales 16,1% en comparación con el aprobado para 2024. Esto implica menos recursos disponibles, contrario a la retórica oficial.
Los recursos presupuestados provienen principalmente de ingresos corrientes (83,23%) y endeudamiento (16,77%). La proporción de endeudamiento aumentó en más de tres puntos porcentuales respecto a 2024.
Ingresos extraordinarios aumentan opacidad
Los ingresos corrientes se dividen en ordinarios y extraordinarios. Para 2025, 40,16% son ordinarios y 59,84% extraordinarios. Se incluyen ingresos petroleros y mineros (oro, carbón) como extraordinarios.
Clasificar ingresos petroleros como extraordinarios es una irregularidad. Estos han sido recurrentes por más de un siglo. Esta clasificación afecta negativamente los recursos del Situado Constitucional para gobiernos regionales y municipales.
Los ingresos ordinarios, que provienen de impuestos, tasas y regalías, decrecieron 27,7% en términos reales en 2025. Los ingresos tributarios constituyen 82,66% de los ingresos ordinarios.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta (ISLR) son los más importantes, representando 52,23% y 20,86% de los ingresos ordinarios, respectivamente. El Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) perdió relevancia.
Carga fiscal regresiva en el presupuesto afecta a contribuyentes
74,68% de los ingresos tributarios son de carácter regresivo, como el IVA. Estos impuestos afectan desproporcionadamente a quienes tienen menor capacidad económica, exacerbando la desigualdad social.
Aunque el ISLR es teóricamente progresivo, el rezago en la actualización de la unidad tributaria ha causado que personas con ingresos bajos o moderados soporten una carga fiscal alta, distorsionando el principio de progresividad. Los llamados "contribuyentes especiales" enfrentan obligaciones administrativas costosas.
La recaudación tributaria prevista para 2025 por el Seniat es inferior a la recaudación efectiva nominal de 2024. Esto implica una disminución real del 63,18% y repite la práctica de subestimar el presupuesto, observada desde 2007.
Deuda pública aumenta sin claridad sobre acreedores
Los recursos por endeudamiento para 2025 ascienden a 151.994 millones de bolívares (3.185 millones de dólares). 52,92% de los pasivos está asignado al pago de la deuda. La Ley de Endeudamiento 2025 no especifica a quién se paga la deuda.
Venezuela acumula una deuda pública considerable. Los órganos competentes no publican estadísticas de deuda desde 2018. En términos reales, el servicio de la deuda se incrementó 123% en 2025 respecto a 2024.
El desembolso para nuevos proyectos financiados con deuda decreció 29% en términos reales. Se contemplan desembolsos para 34 proyectos, en su mayoría, son los mismos proyectos que figuraban en leyes de endeudamiento anteriores y muchos están paralizados o inconclusos.
Presupuesto de gastos: énfasis en gasto corriente opaco
El presupuesto de gastos planifica el uso de los recursos públicos. Para 2025, 49,3% se destina a gastos corrientes (funcionamiento del Estado) y 42,7% a gasto de capital (inversiones). 8% restante es para aplicaciones financieras (pago de deuda).
Tanto el gasto corriente como el de capital decrecieron en términos reales en 2025, 6,48% y 22,99% respectivamente. La principal partida de gasto corriente son las transferencias a entes descentralizados.
El pago de sueldos y salarios es otra partida importante. Los empleados públicos perciben salarios muy bajos, complementados por bonificaciones a través del Sistema Patria, cuya gestión es opaca. La nómina del sector público se centralizó en el ejecutivo nacional.
Inversión social en crisis: recortes en sectores clave
A pesar de la declaración oficial de que el presupuesto está orientado a la inversión social, el análisis muestra recortes reales significativos en áreas fundamentales.
Salud: asignado 4,24% del presupuesto, pero con un recorte real de 28,03% respecto a 2024. La salud pública sufre escasez de insumos, equipos y personal, con salarios "de hambre". Los proyectos de salud muestran asignaciones bajas o se ejecutan por otros ministerios. El número de médicos a nivel nacional disminuyó.
Educación: asignado 12,78% del presupuesto, pero con un decrecimiento real del 16,58%. Las cifras de educadores en el presupuesto contradicen informes sobre alta deserción docente debido a bajos salarios. La asignación para nómina de docentes es de 112 dólares anuales por docente.
Programas como el PAE tienen asignaciones que no permiten cumplir sus objetivos. La asignación anual por estudiante es menos de dos dólares. La inversión en infraestructura educativa también parece insuficiente y con poca información sobre alcances.
Universidades públicas ahogadas financieramente
Educación Universitaria: asignado 23.121 millones de bolívares (484 millones de dólares). En términos reales, es un decrecimiento de 17%. Las universidades reciben presupuestos arbitrarios y unilaterales, muy por debajo de sus necesidades. La crisis financiera se refleja en deserción estudiantil, renuncia de docentes y deterioro de infraestructura. Un profesor titular de alto nivel gana alrededor de 5,5 dólares mensuales.
Seguridad Social: el presupuesto para instituciones de seguridad social es similar al de 2024, lo que representa una reducción drástica en dólares y un decrecimiento real de 31,65%. Los recursos se destinan casi exclusivamente a pensionados por vejez/incapacidad.
Las pensiones por jubilación equivalen al salario mínimo, unos 1,3 dólares mensuales en mayo de 2025. La ley de protección de pensiones de 2024 creó una "contribución especial" opaca de 9% para empresas privadas, sin aumentar las pensiones per se.
Vivienda: asignado solo 0,25% del presupuesto. Los proyectos de vivienda sufrieron un recorte real de 98,6% respecto a 2024. Los proyectos previstos (construcción de 35 viviendas de 4058 planificadas, estudios) no concuerdan con las promesas gubernamentales de construir 400.000 viviendas en 2025.
Servicios básicos deteriorados pese a fondos
Los servicios básicos (agua, electricidad, transporte) sufrieron recortes presupuestarios en términos reales. Los proyectos en estos sectores a menudo son los mismos de años anteriores, con asignaciones recurrentes pero sin avances físicos visibles, mientras los servicios empeoran.
El sector eléctrico lidera la cartera de proyectos por endeudamiento, pero el sistema está en decadencia. Los cortes eléctricos prolongados son comunes. En marzo de 2025, se decretó una reducción de jornada laboral por la crisis eléctrica.
Proyectos de transporte, como la Línea 2 del Metro Los Teques, llevan años recibiendo fondos sin ser culminados. Las denuncias indican que los recursos anunciados para vialidad no figuran en el presupuesto.
El informe de Transparencia Venezuela destaca, en resumen, la falta de transparencia en el presupuesto 2025, la disminución significativa de recursos en términos reales, la subestimación de ingresos, la opaca gestión de deuda y fondos como Fonden, y la grave afectación de sectores sociales y servicios básicos por la insuficiente e ineficiente asignación presupuestaria.
