En una declaración televisada el pasado lunes 2 de junio, el fiscal general de Guatemala, Rafael Curruchiche, ordenó la captura de dos altos funcionarios colombianos. Acusó a la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y al exministro de Defensa, Iván Velásquez, de tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión. Pero las acusaciones fueron ampliamente desestimadas como infundadas, incluso por el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo y el presidente colombiano Gustavo Petro.
Los analistas dicen que, más que reflejar un comportamiento indecente de Camargo y Velásquez, los cargos son parte de una campaña con motivaciones políticas del poder judicial de Guatemala.
Ambos funcionarios colombianos eran altos miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo creado para combatir redes ilícitas de seguridad vinculadas al Estado guatemalteco.
A partir de 2006, el grupo de trabajo, respaldado por las Naciones Unidas, colaboró con la fiscalía para desmantelar grandes redes de corrupción en la nación centroamericana. Velásquez fue su comisionado de 2013 a 2019, destapando un vasto escándalo de sobornos que condujo a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015.
Finalmente, la Cicig se metió en problemas cuando investigó al sucesor de Molina, Jimmy Morales, quien tomó represalias prohibiendo a Vélasquez ingresar al país y clausurando la comisión en 2019.
Morales también nombró a la fiscal general María Consuelo Porras para dirigir el poder judicial, una figura controvertida que ha sido ampliamente condenada por utilizar el sistema de justicia para revertir el trabajo de la Cicig.
“Ella ha utilizado la acción criminal como arma para generar miedo y asegurar que quienes han intentado combatir la corrupción en Guatemala cesen todas sus acciones de investigación”, dijo Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, a Latin America Reports.
Consuelo Porras ha supervisado las detenciones arbitrarias de periodistas, fiscales y miembros de la sociedad civil, según Goebertus. Veinte funcionarios judiciales también se vieron obligados a exiliarse durante el primer mandato de la fiscal general por temor a represalias por haber colaborado con la Cicig.
¿Qué dicen los analistas sobre lo sucedido en Guatemala?
Los analistas dicen que las acusaciones de la semana pasada son el último intento de Consuelo Porras de castigar a los miembros del organismo de la ONU.
“El Ministerio Público ha utilizado estas órdenes de captura como venganza por las sanciones impuestas por la Cicig”, dijo a Latin America Reports Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
Es poco probable que los cargos se materialicen de manera significativa, ya que Interpol denegó la solicitud de Curruchiche de emitir una orden de arresto con notificación roja contra Camargo y Velásquez.
Las autoridades colombianas también rechazaron los cargos y el presidente Petro sugirió que el poder judicial de Guatemala está comprometido por intereses ilícitos.
“Las multinacionales del narcotráfico pretenden copar las autoridades legales y los gobiernos para llevar a cabo y encubrir sus negocios ilícitos”, escribió Petro en un post en X.
La fiscalía de Guatemala cono la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías.
Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos… https://t.co/rl9lGlaQBJ
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 3, 2025
El presidente de Guatemala, quien ha sido atacado personalmente por el fiscal general, condenó las acciones como otro ejemplo de retroceso democrático en el país.
“Estas son parte de una serie de acciones del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y jueces asociados a la corrupción que han distorsionado el sentido de la justicia en Guatemala”, escribió el gobierno en un comunicado el 2 de junio.
Por Alfie Pannell. El original en inglés en Latin America Reports. Versión en castellano para El Nacional.
