En el Diccionario de Americanismos de la Asociación de Academias de la Lengua Española el vocablo “descrestado” es definido como una expresión colombiana que señala a quien está golpeado, malherido o descoyuntado por una situación inesperada y compleja. Pero igualmente en las peleas de gallos, tan usuales en suelo neogranadino, se “descresta” a un animal de competencia para prepararlo como gallo de pelea. Ambas expresiones son válidas para describir lo que está ocurriendo en el ánimo de los colombianos luego del anuncio de Gustavo Petro de decretar una consulta popular para sacar adelante su propuesta de reforma laboral, ello en contra de la posición formal negativa emitida por el Senado en mayo pasado que impediría legalmente tal convocatoria.
El jefe del Estado colombiano, contra viento y marea, y en pleno conocimiento de las implicaciones de esta violación, ha decidido saltarse a la torera la legalidad que lo obliga y proseguir con la convocatoria a consulta popular en torno a una reforma de la Ley del Trabajo que anunció desde su campaña electoral. El hombre no se da por vencido frente a un país que observa atónito los hechos.
El mandatario declaró de manera oficial que procederá a convocar a la consulta negada por el Senado porque el “pueblo es dueño del poder político en Colombia” por lo que le toca decidir sobre las iniciativas, y ha mencionado que será entonces la Corte Constitucional la que tenga la última palabra porque la votación del Legislativo negando la posibilidad de consulta es “ilegítima”. Se erige él, pues, en juez de los hechos que lo obligan.
Una primera reflexión es que Gustavo Petro se muestra ante el país, sin ambages ya, como un individuo que acudirá a cualquier subterfugio para imponer su visión y su ruta política, en lo que puede considerarse un franco desconocimiento del sagrado principio de toda democracia representado en la separación de poderes.
También hay que subrayar que Petro asume en primera persona la representación del pueblo, “a quien nadie puede acallar”. Ha dicho el mandatario interpretando a su manera al común de sus compatriotas: “Y si dudan que la mayoría no está con la reforma laboral, déjenlo votar y veremos quién tiene mayoría”. En torno a esta manera de actuar del presidente, muchos juristas señalan que tal acción pudiera configurar un delito. Pero Petro va a seguir adelante con un movimiento estratégico muy claro. Su predecesor, el expresidente Iván Duque, asegura que el país no soportará una dictadura de bolsillo y 8 partidos han rechazado ya la propuesta presidencial de consulta popular.
El presidente tiene plena conciencia de la ilegalidad de su actuación y no intuye, sino que sabe a ciencia cierta que la convocatoria a consulta por decreto será desmontada en la mayor instancia de la Registraduría que debe fijar la fecha de la votación y de la Corte Constitucional. Si esta instancia dictamina que una consulta por decreto en contra de la voluntad del Senado es una situación manifiestamente contraria a la Constitución, siempre le sigue quedando al mandatario el recurso de apelar a las bases políticas que aún lo soportan para armar una gran conflagración nacional de la que puede resultar desde una sublevación contra el sistema hasta un estado de excepción.
¿Estamos en la antesala de un golpe de Estado? ¿Está en riesgo el Estado de Derecho en Colombia? Así lo temen muchos en la patria vecina. Un golpe que pudiera ser propugnado por el presidente constitucional de Colombia.
Cualquiera de las dos interpretaciones le cuadra: el país está “descrestado”.
