La actual etapa decisiva de un conflicto que se remonta a más de 40 años de guerra asimétrica —que incluye asesinatos selectivos, ataques terroristas, actos de sabotaje económicos y tecnológicos, acciones de espionaje y operaciones de fuerzas especiales— representa una serie de situaciones que han marcado las relaciones entre ambos países desde la invasión israelí del Líbano en 1982, que derivó en la creación del grupo militante Hezbolá. Por ello, puedo afirmar que estamos a las puertas del posible capítulo final de este largo conflicto político y militar, el cual implica desafíos geopolíticos y diferencias religiosas irreconciliables.
Por tanto, dado el impacto colosal que este conflicto tiene en la política internacional actual y futura, es necesario extraer observaciones sobre el tema que permitan llegar a conclusiones y recomendaciones útiles para los interesados en la política global.
1) Control de los gobiernos aliados
Las grandes potencias globales o regionales no pueden —ni deben— permitir que sus gobiernos aliados o dependientes actúen militarmente por cuenta propia, poniendo en riesgo la estrategia global de acción. Un ejemplo histórico es la Italia fascista al invadir Grecia y fracasar, lo que obligó a la Alemania nazi a intervenir en los Balcanes y retrasar la invasión de la Unión Soviética, perdiendo tres meses de buen clima. Este retraso fue fundamental para explicar la derrota militar en la Batalla de Moscú, donde el ejército alemán se quedó a solo 22 kilómetros de la ciudad.
Existen otros casos igualmente controvertidos, como la decisión de Corea del Norte de invadir Corea del Sur en 1950. Aunque lograron derrotar al ejército surcoreano, no previeron la intervención estadounidense, que terminó ocupando casi todo el país. De no haber sido por la intervención militar china, Corea del Norte habría desaparecido como Estado.
No se puede comprender plenamente esta situación sin considerar los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que, al igual que el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, crearon las condiciones políticas ideales para movilizar a la opinión pública —en este caso, israelí— hacia una situación de "guerra total".
De este modo, Netanyahu, al igual que Roosevelt en 1941, aprovechó el escenario secundario generado por los atacantes para perseguir un objetivo político mayor. En Estados Unidos, esto se reflejó en las numerosas quejas de congresistas y militares por la lentitud y falta de recursos en la guerra contra Japón, relegando el Frente del Pacífico en favor del Frente Europeo. Una situación similar ocurre hoy con los familiares de los secuestrados, políticos de izquierda y sectores de la sociedad israelí que desean convivir en paz con la población palestina, pero que observan que el verdadero objetivo de estas batallas es la transformación política del Medio Oriente, más que el rescate de los ciudadanos secuestrados.
Una eventual devolución de los rehenes vivos y de los cuerpos de los fallecidos habría causado un daño diplomático y político mayor al gobierno israelí. Tal acto habría brindado a gobiernos y sectores políticos, académicos y sociales antiisraelíes —muy influyentes a nivel global— la oportunidad de presionar política y comercialmente a Israel con sanciones internacionales, en caso de no detener las operaciones militares en Gaza.
Esta ofensiva militar de Hamás creó las condiciones para su propia destrucción, así como la de Hezbolá (en Palestina y Líbano), justo cuando se alcanzaba la fase final del programa nuclear iraní. Esto fue especialmente perjudicial para los intereses estratégicos de Irán, pues los soldados y equipos de Hezbolá eran vitales para sostener políticamente al gobierno de Bashar al-Assad en Siria. A esto se suma que las fuerzas armadas de la Federación Rusa —que salvaron al gobierno sirio de caer en manos del Estado Islámico en 2016— estaban comprometidas en la guerra de Ucrania y no podían brindar apoyo.
La pérdida de estos aliados político-militares significaría el fin de 45 años de enormes inversiones financieras y materiales, derrumbando toda la política exterior iraní en el Medio Oriente, con el beneplácito concreto de Turquía y Arabia Saudita, entre otros, que observan cuidadosamente el arrinconamiento político y militar de las fuerzas iraníes dentro de sus propias fronteras.
2) Desarrollo de las fortalezas internas de la nación para proyectar una política exterior
La política exterior de un gobierno es directamente proporcional a su fuerza económica, social y tecnológica, lo cual se refleja en sus capacidades militares y políticas.
Un detalle esencial de las llamadas "políticas unilaterales de sanciones", aplicadas por Estados Unidos y algunos de sus aliados, es que no buscan derrocar gobiernos directamente, sino paralizar su funcionamiento económico y, con ello, su evolución cultural y tecnológica, afectando gravemente su desarrollo social. Por esta razón, países sancionados como Cuba y Corea del Norte sufren catástrofes económicas permanentes, que han provocado la muerte de millones de norcoreanos por hambre y la emigración forzosa del 20 % de la población cubana en el último lustro. Irán ha logrado evitar ese destino gracias a sus ingresos petroleros.
Sin embargo, los gobiernos están obligados a fomentar el desarrollo institucional como base del progreso humano y material de sus naciones.
En el caso del Estado de Israel —establecido en medio del odio, desprecio y hostilidad de los gobiernos y poblaciones vecinas— ha sido necesario desarrollar una mentalidad de "supervivencia extrema", en la que los ciudadanos deben maximizar sus capacidades individuales para crear las instituciones más avanzadas tecnológicamente, y transferir dichas capacidades del mundo civil al militar.
Las capacidades organizativas y los estándares educativos de Israel son evidentes en todos los ámbitos de las políticas públicas y, a nivel mundial, solo son superados por Singapur en cuanto a eficiencia y resultados en la aplicación de planes y proyectos gubernamentales.
No se trata de denigrar o condenar a sociedades enteras por su diversidad cultural —como hacen algunos analistas basados en prejuicios culturales o religiosos—, sino de reconocer que existen numerosos estudios científicos en ciencias sociales con métricas bien desarrolladas para medir el rendimiento de los gobiernos e instituciones, basados en metodologías aplicadas en múltiples países.
Los países en vías de desarrollo tienen en común la carencia de metodología científica para llevar a cabo sus funciones gubernamentales, no por desconocimiento, sino por razones políticas muy conocidas: evitar la crítica de la opinión pública, encubrir hechos de corrupción y eludir juicios de valor frente a situaciones evidentes de ineficacia e ineficiencia en el funcionamiento de las administraciones públicas nacionales, regionales y locales.
Este es el primero de varios artículos sobre este tema que, sin duda, tendrá un desenlace a corto plazo, muy evidente para los analistas serios.
