La Corte Suprema de El Salvador desestimó un pedido presentado por la Fiscalía de Venezuela para intervenir en defensa de 252 migrantes de este país detenidos en territorio salvadoreño, según resolución divulgada este lunes y calificada de "vergonzosa" por Caracas.
Los migrantes fueron deportados por el gobierno de Donald Trump el 15 de marzo, señalados sin pruebas de pertenecer al grupo criminal el Tren de Aragua, y enviados al Cecot, el centro penitenciario de máxima seguridad construido por el presidente Nayib Bukele para albergar a pandilleros.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema salvadoreña, en una resolución a la que tuvo acceso la AFP, afirmó: "Declárase sin lugar la intervención requerida mediante correo electrónico particular a nombre del señor -fiscal- Tarek William Saab, por no cumplirse con los presupuestos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional respectiva".
En el mismo documento, la Corte dio tres días de plazo al equipo de abogados contratados por Venezuela para que completen un recurso de habeas corpus presentado a finales de marzo en defensa de los detenidos.
Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, calificó la decisión de una "respuesta vergonzosa" y una "maniobra dilatoria y evasiva" por parte de la Corte, que según él busca "desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal" de los migrantes.
El Salvador, según Saab, "ha optado por (...) negar toda cooperación", y reiteró su disposición a colaborar con la justicia salvadoreña entregando 116 entrevistas a familiares de los detenidos, como parte del proceso de "búsqueda de justicia".
La resolución salvadoreña exige a los abogados que especifiquen "cuál es el reclamo concreto que desean plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados [...], la autoridad o autoridades a la que los atribuyen y por qué razón consideran que vulnera los derechos tutelados" a través del habeas corpus.
Asimismo, les pide aclarar "por qué razón aseguran que las personas mencionadas en su escrito de solicitud efectivamente se encuentran privadas de libertad" en el CECOT.
Los cinco magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña fueron nombrados en 2021 por una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, luego de que se destituyera a los jueces anteriores bajo el argumento de que actuaban de manera independiente.
