Probadas y agotadas hasta el fracaso todas las medidas, las ambiciosas y las arcaicas, las más patrióticas y las capitalistas más explotadoras, las desmesuradas y las insólitas, el régimen decidió meter tras las rejas a la terca y traicionera realidad.
Consultada la Fiscalía, siempre con una querella en mano, se despejó la vía para proceder contra esos fanáticos de los datos y los números, enfermos de realidad. La culpa la tienen los economistas, declararon desde arriba.
El propósito es que sin gente que trate de explicar lo que pasa en la salud económica del país, el paciente languidecerá sin que nadie lo advierta. Los economistas correrán la misma suerte que los dirigentes y activistas políticos, los defensores de derechos humanos y los periodistas. Siempre hay nuevos enemigos.
Marino Alvarado, activista de derechos humanos, hablando en nombre del Programa Venezuela de Educación-Acción en Derechos Humanos, denunció la detención reciente de cinco economistas, dos ya liberados. Teme un “desbordamiento represivo”. La maquinaria oficial, torpe con los motores de la economía, está especializada, sin embargo, en poner en marcha el terror.
Hace una semana fue detenido en Maracaibo un exministro de Finanzas de la época de Hugo Chávez. Rodrigo Cabezas fue citado a la empresa Corpoelec luego de un corte de luz en su casa. Hasta ahí se supo de él. Rodna Cabezas, hija de este economista cuyo pecado es ser crítico, exigió al fiscal una fe de vida de su padre: “Usted conoce a mi papá, dijo, usted sabe que es un hombre íntegro, tranquilo, sereno”.
El Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF, hostigado por informar sobre la actividad económica, publicó un comunicado en el que, de manera didáctica, explica lo que hacen sus técnicos: elaborar el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), el Indicador Mensual de Actividad Económica, el Indicador de Remuneraciones de los Trabajadores y la Encuesta de Expectativas Económicas. Usan para ello, confiesan, que es el verbo apropiado en las actuales circunstancias, “información pública y en ningún caso cifras reservadas o confidenciales.”
No constituye un delito, se atreve a decir el OVF, elaborar y difundir cifras de precios ni mucho menos sus análisis. “El OVF no es responsable del diseño y aplicación de la política económica que genera el alza de los precios”, remata. La piel del régimen, a pesar de la dureza de su lenguaje y facciones, es muy sensible y considera de mal gusto que le recuerden la realidad. De hecho, desde noviembre, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar los datos de la inflación. Aun así, nada se desinfla, salvo la represión.
