En Latinoamérica se ha presentado una serie de situaciones que pueden cambiar muy radicalmente el panorama político regional de forma mucho más profunda que la existencia de gobiernos de derecha e izquierda en plena guerra política entre ellos mismos, a pesar de lo evidente de dicha situación, que no se trata públicamente, excepto en casos muy radicales como los enfrentamientos entre los gobiernos de El Salvador (Bukele) y Venezuela (Maduro) o Brasil (Lula) y Argentina (Milei). Ahora bien, veamos los casos planteados en el título del artículo en cuestión:
Cristina Fernández de Kirchner
La caída en desgracia de la líder argentina, abre la posibilidad de acelerar otros casos menores de corrupción en ministros y otros funcionarios, que serán una pesada carga histórica, para el movimiento Peronista, que en buena parte, esta más centrado en conservar y ampliar el liderazgo de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, para posteriormente colocarlo en la carrera presidencial.
Un movimiento radical de protesta violenta contra la institucionalidad jurídica argentina o un escape de la misma Cristina Fernández K. a otros países aprovechando su inmenso apoyo político manifestado en forma pública, por otros gobiernos de izquierda de la región, podría hacer estragos electorales y mediáticos en la izquierda argentina, dado que unificaría al resto de sus oponentes a nivel nacional e internacional.
No es sencillo recomendarle a Cristina Fernández, que acepte como Lula da Silva en Brasil, la humillación política y rigor del presidio domiciliario, considerando que enfrenta una bomba política y mediática mucho mayor, como es el caso AMIA, donde se le acusa de un acuerdo político para encubrir la participación del gobierno de la República Islámica de Irán en el atentado que costó la vida de decenas de argentinos, siendo evidente que el entendimiento entre los gobiernos de Israel y Argentina en la actualidad, dará pie a una profundización del caso para llevar las consecuencias políticas y jurídicas del caso hasta el último extremo.
Claudia Sheinbaum
Las intensas persecuciones contra la inmigración ilegal en California, que junto a Texas concentran el 42% de la población residenciada ilegalmente, ha inflamado sin duda a la opinión pública mexicana, que observa de manera diaria, como se les persigue en forma indiscriminada por calles, centros comerciales, iglesias o escuelas como si fueran portadores de una amenaza biológica, al estilo de las películas de Hollywood.
Esta situación exacerbada o presentada en su integridad, por las redes sociales, crea un conflicto político y mediático muy difícil de resolver para el gobierno federal de México, que además de influencers en redes sociales y políticos de oficio, que solicitan medidas contundentes para proteger y auxiliar a los mexicanos emigrados y a sus descendientes en Estados Unidos, tiene que mantener un equilibrio mediático y político frente a la Administración Trump, por razones de causa mayor, especialmente por motivos económicos.
Recordemos que el 81% de las exportaciones mexicanas van al mercado estadounidense y actualmente, el gobierno de Trump esta en una consulta pública, sobre la pertinencia de mantener el acuerdo de Libre Comercio con México (T-MEC), por lo cual se hace muy delicado, entrar en enfrentamientos directos con el gobierno Trump, por lo cual debe medir cada paso en la opinión pública nacional e internacional.
Las acusaciones de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, contra la presidenta Claudia Sheinbaum de estar alentando las protestas y saqueos en la ciudad de Los Ángeles, son una acusación muy peligrosa, si es apoyada por los elementos más radicales del Movimiento MAGA del Partido Republicano, lo que se complica con la asociación de los manifestantes con la bandera mexicana, en vez de protestar con la bandera de California para apoyar la política de resistencia del gobernador Gavin Newsom de presentar los hechos como una violación de la soberanía estatal, para buscar apoyo de otros factores políticos estadounidenses, evitando el argumento de una invasión extranjera que usa el gobierno federal.
No cabe duda de que si la situación de protesta escala violentamente y con ello la represión policial y militar, el gobierno de Sheinbaum, va a tener que arriesgar la continuidad del acuerdo comercial o tal vez las exportaciones mexicanas, ante la furia de la opinión pública mexicana que va pedir represalias, como la expulsión de los estadounidenses en México, donde hay 1,6 millones de los mismos, lo que también genera un gran problema si se presentan situaciones abiertas de hostilidad hacia los mismos por parte de mexicanos por cuenta propia o por autoridades locales y regionales, dándole al gobierno de Trump una oportunidad de accionar con objetivos y metas insospechadas, donde es bueno recordar que el secretario de Defensa estadounidense tiene planes para bombardear a los grupos delictivos mexicanos con herramientas militares.
Gustavo Petro
De todos los casos políticos actuales, el caso colombiano es sin duda el más grave, debido a que la enorme confrontación institucional entre el Senado Colombiano y partidos políticos opositores contra la reforma pensional y laboral del gobierno de Gustavo Petro, escaló de manera imprevista y con consecuencias imposibles de calcular por el atentado realizado contra el Senador Miguel Uribe Turbay, quien desde su época de concejal fuese un implacable crítico de Petro como alcalde de Bogotá.
Dado los antecedentes históricos del uso de la violencia política en la sociedad colombiana, que va de brutales guerras entre liberales y conservadores, pasando por asesinatos políticos como el de Jorje Eliecer Gaitán que derivó en miles de muertos, (haciendo la salvedad que el presunto asesino Juan Roa Sierra fue linchado por la multitud y no se pudo aclarar el responsable intelectual y en el caso actual de Uribe Turbay, sí se capturó al responsable), pasando por el apoyo de gobiernos regionales y nacionales a paramilitares y narcotraficantes para exterminar a sus enemigos específicos, sumado a la guerra irregular por décadas que llevó a todo tipo de masacres, incluso de elementos gubernamentales (falsos positivos), por lo cual es una sociedad muy sensible a este tema.
Sin embargo, ya existe una guerra informativa por redes sociales achacando la responsabilidad del atentado a grupos de extrema derecha, a grupos de disidentes de las FARC, a grupos de la delincuencia organizada (Petro dixit: Mafia Internacional), que están creando un ambiente muy peligroso, donde se están produciendo desconocimientos institucionales entre la oposición política y el gobierno de Petro que pueden desembocar en un choque político de extrema violencia, donde actores foráneos como Estados Unidos y Venezuela tienen intereses contrapuestos que pueden tener un enorme impacto en esta crisis, de ocurrir un cambio violento e inesperado de la dirección política del gobierno nacional de Colombia, púes a los casi 3 millones de venezolanos emigrados, que estarían en peligro de ser expulsados, esta en juego la posibilidad para Estados Unidos de imponer una guerra final de exterminio contra factores de las guerrillas y el narcotráfico.
No es casual la petición por redes sociales del presidente Petro de una intervención de agencias policiales estadounidenses o la iniciativa de negociar su decreto de consulta popular y reforma laboral del Senado, debido a que es muy consciente de los peligros políticos que le cercan por lo anteriormente expuesto en estas líneas.
