Familiares de presos políticos en Venezuela hicieron un llamado a la justicia para que se acelere la revisión de los casos de sus seres queridos y se les brinde “a la brevedad”, la “merecida libertad y atención médica”.
“Vemos con mucha preocupación que los meses pasan y las liberaciones no llegan. Nos preguntamos por qué. Nuestros muchachos son inocentes. No hay ningún sustento probatorio que justifique los graves delitos de los que los están acusando. Nuestros muchachos no son terroristas”, expresó Martha Lia Grajales a los presentes, durante una concentración a las afueras del Palacio de Justicia en Caracas.
Los familiares se reunieron con el objetivo de entregar un documento en el que solicitan una audiencia para discutir “las graves violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa”. Además, expusieron “las difíciles condiciones de reclusión” en las que aseguran se encuentran los detenidos.
El documento señala que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, aproximadamente 2.400 personas fueron detenidas, después de que el ente electoral anunciara la reelección de Nicolás Maduro sin las respectivas pruebas.
Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso
Los familiares aseguraron que “la inmensa mayoría de las personas que fueron detenidas no se encontraban cometiendo ningún delito en flagrancia, ni existió sobre ellas ninguna orden judicial”. Señalaron que un “gran número” de los detenidos “ni siquiera participaba” en las manifestaciones y que varios fueron víctimas de desapariciones forzadas temporales, ya que “las autoridades policiales negaron sistemáticamente información sobre el paradero” de sus seres queridos.
Además, denunciaron que sus familiares no tuvieron “la posibilidad de nombrar a sus defensores de confianza” y que muchas audiencias se llevaron a cabo por “vía telemática y colectiva”, sin una “debida individualización” de los cargos contra cada detenido.
Familiares denuncian condiciones inhumanas en prisión
La misiva también indica que durante la fase de investigación, los defensores públicos apenas promovieron “pocos o ningún medio probatorio a favor de las personas a quienes deberían defender”.
Por si fuera poco, hicieron eco de las “indignas condiciones de reclusión” en la cárcel de Tocorón, situada en el estado Aragua, en donde muchos de los detenidos recibieron castigos físicos, y adquirieron enfermedades como dengue, infecciones urinarias y gastritis, además de presentar un deterioro evidente en su salud mental como síntomas de depresión, ansiedad, trastornos del sueño e incluso intentos suicidas.
En este contexto, Grajales solicitó exámenes médicos para aquellos internos que están enfermos y pidió medidas humanitarias para su atención.
