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Faces UCV exige respeto al ejercicio profesional tras arresto de economistas

A través de un comunicado oficial, la facultad denunció que las recientes aprehensiones de varios egresados y docentes de la institución han ocurrido sin el cumplimiento del debido proceso ni justificación legal aparente
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La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) rechazó el jueves la detención de varios profesionales vinculados al ámbito económico, entre ellos los economistas Gerardo Cacique y Daniel Cadenas, ambos egresados y docentes de esta casa de estudios.

A través de un comunicado oficial, la facultad manifestó su desacuerdo con estas aprehensiones, que aseguraron han ocurrido sin el cumplimiento del debido proceso ni justificación legal aparente.

“Rechazamos las aprehensiones de reconocidos economistas venezolanos por su ejercicio profesional, sin ningún debido proceso ni justificación alguna. Faces reafirma categóricamente su compromiso inquebrantable con el libre ejercicio profesional de todos sus egresados”, señala el texto.

Faces UCV destacó los principios éticos de sus egresados

La institución académica destacó que sus egresados no solo están preparados para analizar con rigor la realidad económica del país, sino que además actúan guiados por principios éticos y el compromiso con la verdad, el bienestar social y el desarrollo justo.

El pronunciamiento también hace un llamado a la sociedad venezolana en general a garantizar el respeto al ejercicio profesional y académico, y a rechazar cualquier forma de persecución o coacción contra quienes se dedican al análisis económico y la docencia.

“Reafirmamos que la Universidad Central de Venezuela y su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales serán siempre baluartes del pensamiento libre y la verdad científica, herramientas esenciales para el desarrollo de la nación”, concluye el comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre las razones de las detenciones. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos también han manifestado preocupación por estos hechos, que podrían representar una nueva escalada en la criminalización del pensamiento crítico en el país.

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