Hoy quiero iniciar estas líneas advirtiendo que la amenaza del Estado en salirse de la Corte Penal Internacional no extingue automáticamente una investigación en curso contra ese Estado o sus ciudadanos.
El Estado se vuelve a equivocar al intentar borrar lo ocurrido en 2017 de manos del Plan Zamora, cuya creación fue a través de un decreto presidencial y no tuvo límites para ejecutar con represión detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, tratos crueles e inhumanos y degradantes con torturas y asesinatos, junto con las descalificaciones contra los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares. El último recurso intentado por el Estado ante la Sala de Apelaciones no tuvo éxito por estar impregnado de argumentos falsos e incumplimiento de investigar y procesar a los responsables de las atrocidades mencionadas.
Es imposible para el Estado eludir su responsabilidad por los crí demenes horrendos cometidos, a lo que se suma el agravante de lo ocurrido después del 28 de julio 2024, fecha de las elecciones presidenciales, que acabó con un saldo de 2.800 detenciones arbitrarias, encarcelamientos sin respeto al debido proceso, incluidos menores de edad; torturas y 29 fallecidos.
Le recuerdo al Estado que las violaciones graves de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad no prescriben.
