La portavoz adjunta del Departamento de Estado norteamericano, Mignon Houston, explicó las recientes restricciones migratorias impuestas por la administración Trump que prohíben el ingreso de ciudadanos de 19 países, incluido Venezuela, a Estados Unidos.
En declaraciones exclusivas para Infobae, Houston afirmó que estas medidas se deben a la falta de mecanismos de verificación confiables y a la ausencia de intercambios adecuados de información con los gobiernos de Cuba y Venezuela.
“Incluimos países como Venezuela y Cuba en la lista porque vemos que no tenemos la misma relación de confianza que necesitaríamos para tomar una decisión en la que pudiéramos confiar”, señaló.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los procesos migratorios actuales en Venezuela no cumplen con los estándares exigidos, lo que genera incertidumbre sobre los antecedentes de los solicitantes. Además, destacan que el alto índice de permanencia ilegal de ciudadanos venezolanos en Estados Unidos ha sido un factor clave para endurecer las políticas.
Houston indicó que el objetivo de la administración Trump es que los gobiernos en esa lista fortalezcan sus controles, reduzcan los flujos irregulares y colaboren con Washington en asuntos de seguridad y verificación de antecedentes.
“Queremos recibir más información de que estos países no albergan a terroristas y que ya no tienen vínculos con organizaciones terroristas. Queremos ver que estos países no van a seguir teniendo altas tasas de permanencia ilegal”, expresó.
EE UU advierte que viajar a Venezuela es extremadamente peligroso
La funcionaria reiteró la advertencia del gobierno estadounidense de no viajar a Venezuela debido al alto riesgo de secuestros, detenciones arbitrarias y condiciones de inseguridad para sus ciudadanos.
“No hay forma segura de viajar a Venezuela”, señaló Houston, al subrayar que el país alberga el mayor número de ciudadanos estadounidenses detenidos en el mundo.
A pesar del veto, la funcionaria reafirmó el respaldo de la administración estadounidense a los venezolanos, a quienes considera víctimas de represión y un entorno político restrictivo.
“Tenemos un compromiso total con la población de estos países. Queremos que se escuchen sus voces, que se respeten sus derechos. Creemos firmemente que merecen el derecho a sentir que sus libertades son respetadas y justas”, expresó.
