El primero de junio pasado se efectuó en México la escogencia del Poder Judicial a través de elecciones directas y populares, oferta hecha por AMLO cuando era presidente y su partido Morena, quienes aprobaron a la fuerza la reforma para que los jueces fueran elegidos en lugar de ser nombrados por mérito. Se afirma que la reforma fue un intento de aprovechar la alta popularidad para favorecer a Morena en los tribunales.
Ambos presidentes de la República mexicana de Morena han insistido en que “la elección de jueces erradica la corrupción en un sistema que la mayoría de los mexicanos considera fallido”, pero, parece todo lo contrario, abre la posibilidad para que el crimen organizado impulsen candidatos propios a jueces para que defiendas sus intereses y además se pudiera exacerbar la presión del crimen organizado sobre los jueces para que fallen en su favor.
La presidenta Sheinbaum afirma con orgullo que “México es el país más democrático del mundo en elegir a todos los miembros del poder judicial tanto a nivel federal como local”, argumentando que “el poder judicial era corrupto y no representaba la voluntad del pueblo”, sin embargo, se abren numerosas interrogantes con esta elección del poder judicial.
Sin lugar a dudas, la idea de “democratizar” el poder judicial mediante elecciones puede sonar atractiva en términos de participación ciudadana, pero encierra un riesgo profundo: someter la justicia al juego político y a las mayorías coyunturales. En lugar de garantizar imparcialidad, independencia y profesionalismo judicial, se abre la puerta a una justicia ideologizada, susceptible a presiones partidistas, campañas populistas y lógicas electorales que nada tienen que ver con la aplicación del derecho. Por lo que, lo que está en juego no es solo un modelo de justicia sino la fortaleza misma de la democracia mexicana.
Cuando se controla la elección de los jueces, no se fortalece la justicia: se debilita la democracia y los ciudadanos están indefensos y a la voluntad de quienes dirigen el gobierno. En lugar de árbitros imparciales, se construyen cómplices del poder. Y cuando la justicia pierde su independencia, el ciudadano pierde su protección. Defender la autonomía judicial no es una cuestión técnica es una causa democrática. Pero, además la inseguridad jurídica ahuyenta inversiones, la polarización se intensifica y la ciudadanía pierde la fe en las instituciones.
Una justicia sometida, socava todos los pilares democráticos. La libertad de prensa y de expresión se restringe con decisiones judiciales selectivas, la oposición es criminalizada, los procesos electorales se vician y los derechos humanos se relativizan. Lo que sigue es una democracia meramente formal, una fachada que oculta una deriva autoritaria.
El Poder Judicial no puede ser electo como si se tratara de diputados o presidentes. No es un actor político al que se elige, es el garante de que las reglas del juego democrático se cumplan. Elegir jueces por voto popular puede parecer democrático en apariencia, pero en la práctica socava los fundamentos mismos de la democracia constitucional.
En la democracia mexicana no se necesita una justicia obediente ni popular, lo que se necesita es una justicia independiente y comprometida con los derechos de todos. Porque cuando los jueces dependen del poder político o del voto de las mayorías, la ley deja de ser un escudo ciudadano y se convierte en un arma del poder.
En México hay un problema grave para la elección de un Poder Judicial como lo es, la presencia del narcotráfico que afecta a la mayoría de los Estados del país. Se estima que más del 80% del territorio mexicano está influenciado por grupos del crimen organizado. La periodista Anabel Hernández ha señalado que dicha elección podría consolidar el control del "narco sistema" sobre el Poder Judicial, lo que representaría un grave y peligroso retroceso para la democracia en México.
Diversas voces han alertado sobre el peligro de que grupos delictivos influyan en la elección de jueces. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) expresó su preocupación de que los cárteles mexicanos podrían postular a sus propios candidatos para ocupar cargos judiciales, aprovechando su experiencia en influir en procesos electorales locales.
Organizaciones civiles, organismos internacionales y expertos advierten que los jueces electos son susceptibles al ejercicio de la presión política, pueden responder a donantes o a la opinión pública, menoscabando su imparcialidad, por lo que, se tendrían jueces sumisos al poder público. Las campañas electorales requieren recursos lo que expone al sistema judicial a donantes privados con posibles agendas ocultas o al propio crimen organizado.
Los analistas políticos coinciden que esta elección ha sido una política del gobierno para controlar el Poder Judicial. La participación fue del 13% del electorado el cual representa el voto duro de Morena y con el cual pasó a controlar el único poder del Estado democrático que no había podido controlar; no obstante, este proceso electoral demostró la poca legitimidad desde sus inicios, plagados de irregularidades y controles por parte del partido gobernante. Una cosa es cierta, 87% del país lo rechazó.
La impresión que se tiene de esta innovadora elección popular del Poder Judicial mexicano era que iba más dirigida al control del Poder Judicial y al resquebrajamiento de su independencia que a su democratización, lo cual representa un golpe a la joven democracia mexicana y un regreso al viejo esquema autoritario competitivo de los 60 años del PRI que, hoy por hoy, lo reemplaza el partido Morena, con un ADN igualmente autoritario pero de izquierda y que conduce ineludiblemente al debilitamiento de la independencia del Poder Judicial y de la democracia mexicana, con lo cual el gobierno terminó por controlar todos los poderes y las instituciones para ponerlas al servicio del partido y sus intereses. Con esta elección lo que quedó maltrecho fue el ciudadano y la democracia mexicana.
