Era posible imaginarlo. Al firmar contra viento y marea el decreto que convoca a votar para solidarizarse con sus propuestas, Gustavo Petro está llevando a Colombia a una situación que presagia muchas tempestades. La descripción que hace el periódico El Colombiano no puede ser más descriptiva de los hechos: “Petro firmó el decreto. Lo hizo a pesar de que el pasado sábado intentaron asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay que lucha en una UCI tras recibir disparos en su cabeza y pierna; lo hizo a pesar de que la plenaria del Senado votó negativamente a la convocatoria el pasado 14 de mayo; lo hizo conociendo las advertencias de juristas independientes y críticas de ONG progresistas; lo hizo, incluso, a pesar de los temores de miembros de su gabinete que fueron citados el fin de semana a firmar con la amenaza de que “el que no quiera firmar se puede ir”. Lo hizo, en suma, contra el equilibrio de poderes y la institucionalidad, que es la democracia liberal misma”.
El presidente, a quien le ha tocado afrontar una a una las derrotas de sus propuestas en la instancia legislativa, piensa jugarse el todo por el todo amenazando al país con recabar las 8 millones de firmas que hacen falta para armar una Asamblea Constituyente si su convocatoria a la consulta popular se topa con el escollo de que la Corte Constitucional o el Consejo de Estado no la avalan. Es una posición de sí o sí: llevará al país a modificar la carta magna porque cree contar con el favor popular.
Ante esta situación el presidente cordobés no está solo, a pesar de que innumerables juristas han intentado convocarlo a reflexión alegando la ilegalidad de una consulta rechazada por el Congreso. Su nuevo ministro de Justicia lo secunda y arroja más leña al fuego al asegurar que la Constitución en vigor es un escollo para las propuestas políticas del mandatario y al declarar que “hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y necesitan un rediseño profundo”.
Un ambiente de autoritarismo desbocado y una desproporcionada actitud de desafío y cuestionamiento a todas las instituciones es lo que anima al presidente en esta hora aciaga para Colombia. El hombre desea ser visto por sus seguidores como la víctima a quien no se le permite gobernar. Todo ello lo expresa a través de un lenguaje cáustico y pendenciero que en su entorno no falta quien lo celebre.
El país está detenido. Es indispensable reducir el tono de las diferencias políticas en beneficio de la colectividad. La violencia que se ha desatado -hasta este momento ha habido más de 30 atentados con explosivos- y la que pudiera desatarse de continuar la tónica actual, está infelizmente siendo alimentada desde la propia Casa de Nariño. Es al propio presidente a quien le toca apagar la trifulca. La oposición ya se encuentra en un plan de confrontación política total y la batalla por la legalidad y la institucionalidad será a puñal. Ya se están iniciando acciones legales por prevaricato contra los ministros que secundaron al presidente firmando su decreto de convocatoria a consulta popular.
Este irrespeto palmario contra la institucionalidad y el envenenamiento del ambiente político desde lo más alto del gobierno puede redundar en caminos todos turbulentos para la democracia colombiana: un decreto de conmoción interior puede estarse preparando o un desconocimiento del resultado de las elecciones del 2026 después de haber preparado el terreno para así hacerlo.
