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Alertan sobre desbordamiento represivo en Venezuela tras detención de cinco economistas

La ONG Provea, que expresó preocupación por la situación, señaló que las autoridades buscan silenciar la información sobre la crisis económica y social del país
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Marino Alvarado, coordinador de Exigibilidad Legal de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), alertó este miércoles sobre “desbordamiento represivo” en el país tras la detención de cinco economistas, de los cuales dos ya se encuentran en libertad.

En conferencia de prensa en la Universidad Central de Venezuela (UCV), Alvarado comentó: “Nosotros hemos conocido de cinco casos; de esos cinco, estamos apoyando a las familias de dos. No quiero identificarlos, pero nos preocupa... Lo que sabemos es que hay tres economistas detenidos y dos han sido liberados”.

Subrayó que las autoridades no quieren que se informe sobre la situación económica del país ni sobre el contexto social que lo rodea.

“Así no puede funcionar un país, con esos niveles de represión, cercenando derechos y limitando el espacio para la disidencia”, añadió.

Entre los casos más destacados figura el del economista Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, quien fue detenido el jueves pasado tras ser convocado a la sede de la estatal eléctrica Corpoelec en Maracaibo, luego de reportar un corte de luz en su casa.

“Nos preocupa este desbordamiento represivo que pretende acallar, prácticamente, a todo el mundo”, señaló Alvarado.

Agregó que aún no se conocen los cargos específicos que enfrentan los cinco economistas.

OVF afirma que difundir datos económicos no es delito

El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), organización independiente integrada por expertos y analistas económicos, señaló este lunes un comunicado en la red social X: “No constituye un delito elaborar y difundir cifras sobre precios y mucho menos sus análisis”.

Aclaró que no son responsables “del diseño y aplicación de la política económica que provoca el aumento de los precios”.

Tres días antes, la organización había rechazado la “persecución, hostigamiento y criminalización” contra quienes difunden información estadística relevante para comprender la economía.

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