La militarización de la frontera sur de Estados Unidos, particularmente en la ciudad de El Paso (Texas), provocó una caída histórica en la migración irregular.
Según datos oficiales, en abril se registraron apenas 8.400 detenciones por cruces irregulares, una cifra que representa una reducción de casi 95% en comparación con el mismo mes de 2023, publicó Efe.
Este desplome coincide con el despliegue de miles de soldados en zonas estratégicas como El Paso y parte del estado de Nuevo México, donde las Fuerzas Armadas patrullan en vehículos militares junto a agentes de la Patrulla Fronteriza.
La medida fue ordenada por el presidente Donald Trump como parte de su política de línea dura contra la migración.
“Hemos visto una reducción dramática. En 2023 tuvimos más de 2.700 encuentros por día en El Paso; ahora, el promedio es de entre 60 y 70”, señaló Claudio Herrera, agente de la Patrulla Fronteriza.
El aumento de presencia militar se concentra en áreas desérticas donde el muro fronterizo se interrumpe, zonas tradicionalmente utilizadas por traficantes de personas para cruzar migrantes. Según las autoridades, la visibilidad de soldados y vehículos militares ha tenido un efecto disuasorio inmediato.
En esta zona, los migrantes que cruzan se exponen a dos delitos: entrada irregular al país y allanamiento de propiedad militar. Los militares, aunque limitados por ley a operaciones dentro del territorio nacional, están autorizados a detener temporalmente a las personas y entregarlas a los agentes fronterizos.
Restricciones al asilo y efectos colaterales
La caída en los cruces la celebró el gobierno como un logro en materia de seguridad, pero genera preocupación entre defensores de derechos humanos. Activistas denuncian que, junto con la militarización, se están restringiendo severamente los derechos de quienes buscan asilo.
Rubén García, director de la red de albergues Annunciation House, señaló que la reducción ha sido tan drástica que ahora tienen “muy pocos refugiados”. Además, denunció presiones legales por parte de autoridades estatales para cerrar estos centros de atención humanitaria.
En abril, solo cinco personas recibieron autorización para ingresar al país temporalmente para presentar su caso ante tribunales migratorios, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Una cifra que, para los activistas, refleja la virtual clausura del sistema de asilo en esta región.
“Va contra la ley no permitir que alguien pelee su caso de asilo”, advirtió García. “Hay que seguir luchando para que se respete ese derecho”.
La militarización también ha tenido efectos en la vida comunitaria. El evento anual que permitía a familias separadas por la frontera reencontrarse brevemente quedó cancelado este año, lo que muchos consideran una muestra del impacto humano de las nuevas políticas.
“No importa cuántas leyes pongan enfrente de nosotros, vamos a estar aquí y siempre vamos a ser una sola comunidad”, expresó Adriana Cadenas, organizadora del evento.
