Una jueza federal en Pensilvania respaldó este martes al gobierno del expresidente Donald Trump en el uso de una legislación reservada para tiempos de guerra, utilizada para expulsar migrantes, principalmente venezolanos, de Estados Unidos.
Esta es la primera vez que un tribunal falla a favor de la administración republicana en cuanto al uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, aprobada en 1798. Esta normativa fue invocada por el Ejecutivo para deportar a más de 200 migrantes hacia una megacárcel en El Salvador, alegando que eran miembros de la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
La jueza Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, determinó que el Gobierno puede continuar con las expulsiones siempre que se notifique a los migrantes con al menos 21 días de antelación y se les garantice un "debido proceso".
Además, Haines consideró válida la justificación del Ejecutivo, ya que el Departamento de Estado clasifica al Tren de Aragua como una amenaza para la "seguridad pública" de Estados Unidos.
Pese a este fallo, otros tribunales en estados como Texas y Nueva York han dictado sentencias contrarias, oponiéndose al uso de dicha ley para este propósito.
Por el momento, no hay vuelos adicionales programados hacia El Salvador, mientras que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha solicitado a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la medida aplicada por el gobierno de Trump.
Los migrantes venezolanos
En marzo, más de 230 migrantes —en su mayoría venezolanos— fueron trasladados al CECOT, una prisión salvadoreña conocida por denuncias de violaciones a los derechos humanos.
El Gobierno estadounidense afirmó que los expulsados eran parte del Tren de Aragua, una organización criminal surgida en cárceles venezolanas y calificada por Washington como "terrorista". Sin embargo, reportes como el del medio Bloomberg aseguran que el 90 % de los deportados no tenía antecedentes penales.
Estados Unidos y el presidente Nayib Bukele firmaron un acuerdo confidencial para llevar a cabo estas deportaciones, mediante el cual Washington se compromete a pagar seis millones de dólares anuales a El Salvador para el mantenimiento del sistema penitenciario.
No obstante, la Corte Suprema de EE UU suspendió estas expulsiones hacia El Salvador hasta que se resuelvan las demandas legales que cuestionan esta práctica ante instancias judiciales inferiores.
