La administración de Donald Trump solicitó este jueves al Tribunal Supremo de Estados Unidos autorización para anular el estatus legal de cientos de inmigrantes, concedido previamente por el Gobierno de Joe Biden.
El recurso, presentado por el Departamento de Justicia encabezado por Kristi Noem, insta a los tribunales a revocar la orden emitida por la jueza de Massachusetts, Indira Talwani, el pasado 15 de abril.
Dicha resolución impidió temporalmente que el equipo de Trump revocara el estatus legal y los permisos de trabajo de cientos de miles de beneficiarios de un programa humanitario para migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Con esta medida, "el tribunal de distrito realizó la misma revisión que el Congreso prohibió: anulando innecesariamente políticas migratorias cruciales, cuidadosamente diseñadas para disuadir la entrada ilegal, viciando prerrogativas fundamentales del Poder Ejecutivo y deshaciendo políticas aprobadas democráticamente que tuvieron un papel importante en las elecciones de noviembre", señala el documento remitido al Supremo.
El escrito sostiene que el Supremo "debería suspender la orden del tribunal de distrito. Por lo general, un extranjero que llega a EE.UU. y no puede demostrar su admisibilidad es expulsado sin demora o detenido en espera de los procedimientos de expulsión". El texto de 27 páginas fue firmado por el procurador general John Sauer.
En octubre de 2024, poco antes de las elecciones presidenciales, la Administración Biden anunció que no renovaría el llamado 'parole humanitario', lo que implicaba que los beneficiarios no podrían extender su estatus legal más allá de los dos años originalmente estipulados.
Trump ordenó revocar este programa migratorio, que protege a cerca de 530.000 venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos de ser deportados. Esta política fue impulsada durante el mandato del demócrata Joe Biden (2021-2025) con el objetivo de ampliar las vías legales de migración y reducir los cruces fronterizos irregulares.
No obstante, la jueza Talwani, nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), dejó claro que el Gobierno debe respetar las fechas de expiración y que no puede eliminar el programa anticipadamente sin una evaluación caso por caso.
Desde hace más de 70 años, tanto administraciones republicanas como demócratas han utilizado el 'parole' humanitario para favorecer intereses nacionales, como la reunificación familiar y la gestión humanitaria de la migración.
