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Siria aprueba levantar embargos impuestos por el régimen de Al Asad con motivos políticos

El ministro de Finanzas, Mohamed Yasser Barnia, precisó que cerca de 91.000 personas se vieron afectadas por embargos a sus propiedades y activos derivados de estas medidas "injustas", por lo que prometió trabajar junto a los Ministerios de Justicia e Interior para garantizar una rápida implementación del decreto presidencial
Por EFE
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El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, emitió un decreto que revierte las confiscaciones de bienes con motivación política implementadas por el régimen de Bachar al Asad desde poco después de las revueltas iniciadas en su contra hace 14 años, informó este lunes la televisión estatal Al Ijbariya.

"Estas decisiones estaban basadas en órdenes injustas de los órganos de seguridad y no en procedimientos judiciales y sentencias, y fueron emitidas contra ciudadanos debido a sus posturas en apoyo a la revolución siria", explicó el ministro de Finanzas, Mohamed Yasser Barnia, en declaraciones recogidas por el canal.

El ministro precisó que cerca de 91.000 personas se vieron afectadas por embargos a sus propiedades y activos derivados de estas medidas "injustas", por lo que prometió trabajar junto a los Ministerios de Justicia e Interior para garantizar una rápida implementación del decreto presidencial.

Al Ijbariya también difundió el decreto presidencial, que cancela "todas las decisiones de incautación preventiva y sus enmiendas" emitidas a partir de 2012, sin aportar más detalles ni especificaciones.

Desde el inicio del conflicto, diversas organizaciones por los derechos humanos han denunciado una serie de legislaciones aprobadas por el régimen de Al Asad a lo largo de los años que amparaban la confiscación de propiedades y congelación de fondos de personas acusadas de cargos de terrorismo o incluso que evadieran el servicio militar.

Estas tácticas eran consideradas una forma de castigo a sus opositores que también servía al Estado para enriquecerse.

En muchos casos, las fuerzas de seguridad ocupaban inmuebles de personas que se habían visto desplazadas por la guerra para su uso militar, personal o para transferirlos ilegalmente a individuos cercanos a las antiguas autoridades, algo que también ocurría con terrenos agrícolas, entre otros.

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