La comisionada para los Derechos de las Personas Trabajadoras Sexuales de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Gloria Careaga-Pérez, presentó un informe que examina las condiciones de las y los trabajadores sexuales en el hemisferio. Sus conclusiones son contundentes: “La falta de protección legal clara expone a estas personas a una vulnerabilidad extrema, agravada por el estigma y los estereotipos que limitan su acceso a la justicia y a la seguridad”. El trabajo sexual, a menudo confundido con la trata de personas y, por ende, criminalizado, genera una exclusión que afecta especialmente a quienes enfrentan circunstancias socioeconómicas adversas.
En el pasado, Venezuela contó con mecanismos institucionalizados para atender a las trabajadoras sexuales. Los espacios destinados a esta actividad eran supervisados por autoridades sanitarias, las trabajadoras recibían carnets de identificación y acceso a atención médica regular. Incluso el cine venezolano, con obras emblemáticas como El pez que fuma, retrataba los prostíbulos como una realidad compleja, habitada por personas de carne y hueso, sin idealizarla ni estigmatizarla.
Sin embargo, esta perspectiva cambió con el tiempo. La llegada de un moralismo hipócrita y una revolución de posturas pacatas transformó la acción pública. Muchos funcionarios, imbuidos de prejuicios, debilitaron la protección de los derechos humanos, especialmente de los más vulnerables. Lejos de ser una exageración, la organización Avesa documentó en 2020 que el sexo transaccional se ha convertido en una estrategia de supervivencia para muchas mujeres en situación de extrema pobreza en Venezuela. Invisibilizar esta realidad no la elimina; sólo perpetúa el abandono y la marginalización.
Frente a este panorama, la comisionada Careaga-Pérez propone medidas claras, necesarias y justas:
- Establecer regulaciones que legalicen el trabajo sexual, garantizando su libre ejercicio y seguridad.
- Asegurar el acceso a la justicia y la igualdad de derechos sin discriminación.
- Promover una educación integral en género y sexualidad.
- Combatir la estigmatización social e investigar y sancionar los actos de violencia contra las personas trabajadoras sexuales.
- Fomentar la investigación y el intercambio de conocimientos sobre el trabajo sexual.
- Incluir a las organizaciones de trabajadoras sexuales en el diseño de políticas públicas.
El desafío radica en que las políticas públicas efectivas no pueden construirse desde el fanatismo religioso, la hipocresía o el conservadurismo extremo. Requieren un compromiso democrático que priorice los derechos humanos, algo que, lamentablemente, no caracteriza al actual contexto venezolano. Reconocer esta realidad es el primer paso para transformarla.
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