El periodista Miguel Ángel Rodríguez reveló en su programa que el pasado miércoles 16 de abril el Juzgado Segundo de Control del Estado Táchira emitió una orden de captura contra Jonatan Alberto Palacios Castillo, influencer colombiano, por los presuntos delitos de extorsión, revelación de datos personales y asociación para delinquir. Desde Caracas también se le acusa de incitación al odio y se ha solicitado una alerta roja de Interpol, similar a la que fue usada contra Alex Saab.
Cuando Miguel Ángel le preguntó por teléfono dónde se encontraba, Jonatan prefirió no responder por razones de seguridad. Ya habían intentado capturarlo anteriormente en Colombia, como también ocurrió con el teniente Ronald Ojeda y el capitán Rodríguez Araña, perseguidos fuera del país bajo el mismo patrón: secuestro, persecución y silenciamiento.
El periodista sostiene que Jonatan es perseguido por denunciar la presencia de “enchufados” en Estados Unidos. En su programa, incluso menciona a un general venezolano con negocios en el estado de Florida.
Yo conozco a Jonatan. Fue uno de los cinco casos que destaqué en mi libro Voces de libertad. Su historia es ampliamente conocida en Venezuela. Fue arrestado por orden de Tarek William Saab y despojado de todos sus derechos en las cárceles del régimen. Recibió un trato inhumano simplemente por exigir una investigación contra Freddy Bernal, a quien responsabiliza por la muerte de su hija. Su caso está bien documentado.
Por eso decidí contactarlo nuevamente y obtuve una conversación que transcribo a continuación, seleccionando lo más relevante. Es fundamental visibilizar esto, porque ver cómo Maduro usa a Interpol para perseguir opositores exiliados no solo es injusto, sino absolutamente ilegal. Maduro encabeza un gobierno ilegítimo, producto de un golpe de Estado contra la Constitución venezolana.
Jonatan Palacios denuncia cómo el régimen de Maduro manipula organismos internacionales para perseguir a quienes lo enfrentan desde el exilio. A continuación, parte de nuestra conversación. Es importante escuchar esta denuncia y entender hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para silenciar a quienes dicen la verdad.
一Jonatan, recientemente supimos que el régimen de Nicolás Maduro solicitó una alerta de Interpol contra ti. ¿Qué representa para ti esta amenaza?
一Es una persecución política internacional. Me secuestraron durante 930 días, torturaron a mi familia y me amenazaron de muerte. Fui liberado gracias a la mediación del gobierno colombiano, pero ahora buscan silenciarme desde el exilio. Me acusan de delitos inventados: extorsión, asociación para delinquir y divulgación de datos. Incluso me imputan por “incitación al odio” solo por hablar de Cilia Flores y sus negocios. El régimen está usando a Interpol como arma de castigo contra la verdad.
一¿Qué desencadenó esta nueva ofensiva represiva en tu contra?
一Mi activismo contra la corrupción. He denunciado a Freddy Bernal, involucrado en narcotráfico y vinculado al asesinato de miembros de mi familia. También he expuesto a muchos enchufados; uno de los casos más escandalosos recientemente fue el de un general venezolano con negocios en Florida, después de manejar fondos públicos. Además, he visibilizado a los enchufados que residen en Miami, Madrid o Bogotá, hijos de funcionarios corruptos que incluso están involucrados en crímenes de lesa humanidad, mientras el pueblo venezolano es reprimido y muere de hambre. Eso los enfurece. Su respuesta: montajes judiciales y persecución internacional.
一Más allá del impacto legal, ¿cómo te ha afectado esta situación en lo personal?
一Vivo con el miedo de volver a ser capturado. La Interpol puede aparecer en cualquier país y hacer efectiva esa alerta. Mi familia, que ya vivió mi secuestro y tortura, ahora debe enfrentar esta nueva amenaza. Me duele ver cómo los medios y algunas ONG guardan silencio. Pero sigo firme. Lo hago por los presos, por los torturados, por Venezuela.
一¿Qué te dice esto sobre la naturaleza del régimen de Maduro?
一Que ya no les basta con reprimir en Venezuela. Ahora exportan su represión, usando organismos internacionales como Interpol para acallar a los que hablamos desde fuera. En Perú, por ejemplo, detuvieron a un activista conocido como “el Pichoncito” durante tres meses por una alerta manipulada. Lo mío es aún más grave porque soy ciudadano colombiano y me persiguen por ejercer mi libertad de expresión fuera de Venezuela. Es una violación directa del artículo 3 de la propia Interpol.
一El periodista Miguel Ángel Rodríguez también denunció tu caso. ¿Qué elementos añadió?
一Rodríguez explicó que la alerta roja fue emitida por dos juzgados: uno en Táchira y otro en Caracas. Hizo una comparación con el caso de Alex Saab y alertó que, al igual que a él, podrían capturarme con esa excusa. También resaltó que no reveló mi ubicación por seguridad: ya intentaron atraparme en Colombia. Lo mismo le pasó al teniente Ronald Ojeda y al capitán Rodríguez Araña. Esto no es paranoia, es una realidad.
一Hablaste de los "enchufados". ¿Cuál es su rol en esta persecución?
一Son claves. Los enchufados —hijos, esposas, socios de altos funcionarios— sostienen al régimen desde el exterior. Algunos son dueños de empresas, otros lavan dinero en Estados Unidos o Europa. Cuando los denuncio, responden con demandas, amenazas y presiones judiciales. No son figuras menores: hablamos de generales, exministros y sus redes familiares. Son ellos quienes intentan callarnos.
Luego, a la conversación se unió el abogado William Jiménez, reconocido activista de derechos humanos con sede en Bruselas, y le pregunté:
一¿Qué puede hacer la comunidad internacional ante este abuso?
一Actuar. Las organizaciones de derechos humanos deben pronunciarse. Interpol debe revisar estas alertas y frenar su uso político. Estamos preparando un informe para la sede europea de Interpol, documentando estos abusos. Los medios también deben visibilizar lo que ocurre. Si Maduro logra convertir a Interpol en su policía política, ningún disidente estará seguro en el mundo.
一Un mensaje final, Jonatan.
一A los venezolanos y a la comunidad internacional: no guarden silencio. Hoy me persiguen a mí, mañana pueden ir por cualquiera. Necesitamos unidad entre periodistas, activistas e influencers. La dictadura está herida, por eso reacciona así. Mi lucha nació del dolor: mi familia fue asesinada y yo sobreviví a un infierno. Pero sigo aquí, hablando. Agradezco a quienes me dan voz, porque juntos romperemos el cerco del miedo. Venezuela será libre.
¿Qué pienso de esto?
Jonatan Palacios se ha metido en el pantano, en lo más profundo, extrayendo lo oculto y sacándolo a la luz. Y claro que uno, cuando entra en sus redes, queda asombrado por la cantidad de nombres que menciona. Esto no solo lo vemos quienes seguimos las redes sociales, también lo ven las autoridades de distintos países. Nadie quiere ser mencionado allí porque puede convertirse en objeto de una investigación.
De eso se trata: de asumir que nuestro país ya no existe como república. La ley está en manos de criminales, y sus ramificaciones están en todas partes del mundo. Estos criminales quieren que se silencien este tipo de denuncias, sobre todo cuando afectan a sus familiares en el exilio. Es repugnante que utilicen leyes nacionales para perseguir a quienes denuncian con nombre y apellido. Y no solo están usando a Interpol: estarían también financiando bufetes de abogados para ir contra todo aquel que hable. No es un caso aislado.
Hoy nos estamos topando con esa gente. Yo estoy aquí, en Estados Unidos, y sinceramente creo que de cada diez venezolanos, nueve son chavistas o tuvieron algo que ver con el chavismo.
No quiero decir que haya niveles de maldad —algunos pudieron haber sido personas decentes atrapadas en el sistema—, pero también hay quienes son la misma basura chavista que dejamos atrás. Maltratan, no tienen el más mínimo respeto por el derecho ajeno y buscan destruir a los opositores incluso en el exilio. Eso es lo que Maduro ha exportado con la migración masiva: no solo refugiados, sino también operadores del régimen, infiltrados en nuestra diáspora.
Además del chavismo común, están los chavistas de alto nivel: los que manejan grandes sumas de dinero, compran casas, montan negocios y concentran poder económico. Esta es una realidad que no se puede ignorar, a menos que algún día logremos recuperar Venezuela, restituir el Estado de Derecho y llevar a juicio a los militares, generales y altos funcionarios responsables.
La denuncia de Jonatan Palacios no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema autoritario que ha comenzado a exportar su represión más allá de las fronteras venezolanas. Lo más grave no es solo que se use Interpol como herramienta de persecución política, sino que exista una red internacional de poder —funcionarios, socios, familiares y bufetes de lujo— dispuesta a silenciar voces incómodas mediante amenazas, demandas y estrategias judiciales transnacionales.
Quienes comunicamos, escribimos columnas, investigamos o simplemente contamos la verdad desde el exilio, enfrentamos riesgos reales. No solo debemos cuidarnos de alertas rojas o intentos de captura, sino también de una maquinaria legal disfrazada de justicia que opera desde oficinas en Miami, Madrid o Bogotá, con el único objetivo de intimidar y callar.
Por eso, hoy más que nunca, la forma en que comunicamos importa. Hay que elevar el lenguaje, ser impecables con las pruebas, respetar el derecho a réplica y denunciar con responsabilidad. Porque decir la verdad no es incitar al odio: es un acto de resistencia frente a una dictadura que quiere imponer el silencio como norma.
El régimen no es solo Nicolás Maduro. Es un sistema estructurado, sostenido por miles de enchufados, criminales de oficio, que se reparten el botín del poder mientras millones de venezolanos sobreviven entre la pobreza, el exilio o el miedo. Ellos están organizados para defender sus privilegios. Nosotros debemos organizarnos con más fuerza para defender la verdad.
Y sobre todo: jamás callar.
@estebanoria
