Grupos defensores de inmigrantes condenaron este viernes la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de permitir al gobierno de Donald Trump cancelar la protección legal temporal -conocido como Parole Humanitario- para más de medio millón de migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, calificando la medida como "la mayor deslegalización" migratoria en la historia reciente del país.
La decisión del alto tribunal revoca una orden provisional emitida por una jueza federal, que había determinado que el Ejecutivo no podía eliminar el llamado ‘Parole humanitario’, implementado durante la administración de Joe Biden (2021-2025). Este programa permitía a 532.000 personas residir y trabajar de manera temporal en Estados Unidos.
No obstante, el fallo del Supremo es provisional y el proceso legal deberá seguir su curso en un tribunal federal de Massachusetts.
En febrero, las organizaciones Justice Action Center, Human Rights First y Haitian Bridge Alliance interpusieron una demanda para frenar la decisión del presidente Trump, en defensa de los beneficiarios del programa CHNV y sus patrocinadores.
"La mayor deslegalización de este tipo en la era moderna" dicen sobre la decisión del parole
Karen Tumlin, directora de Justice Action Center, afirmó que la medida representa "la mayor deslegalización de este tipo en la era moderna", y criticó que "la Corte Suprema ha permitido que la administración Trump desate un caos generalizado, no solo para nuestros clientes y los miembros de la demanda colectiva, sino también para sus familias, sus lugares de trabajo y sus comunidades".
En contraste, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) celebró la resolución, anunciando que reanudarán "las expulsiones" de los beneficiarios de este programa humanitario. Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, afirmó: "Finalizar los programas de libertad condicional CHNV, así como las libertades condicionales de quienes se aprovecharon de ellos, será un retorno necesario a políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos Primero".
Trump "actúa de manera arbitraria"
Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, destacó que muchos de los afectados, especialmente residentes del sur de Florida, han cumplido con todos los requisitos del gobierno, ingresando al país de forma legal bajo un permiso de estancia de dos años.
Durante su mandato, el presidente Joe Biden promovió el ingreso legal de personas de los países mencionados ante el aumento de llegadas irregulares por la frontera sur con México. Sin embargo, al concluir su mandato, decidió no renovar esos permisos, lo que habría influido en la decisión favorable al presidente Trump.
Anwen Hughes, directora legal de programas para refugiados en Human Rights First, reiteró la postura de los demandantes, asegurando que "la administración Trump está actuando de forma arbitraria e ilegal para intentar revocar masivamente el estatus legal de medio millón de personas, y no lo toleraremos", y confirmó que la demanda continuará.
El fallo representa el segundo golpe judicial reciente para los migrantes venezolanos, luego de que el Supremo también autorizó, hace apenas 10 días, a Trump a eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 350.000 personas de esta nacionalidad.
