El informe "El Argos dormido", elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, examina exhaustivamente el papel de la Defensoría del Pueblo en Venezuela. Utilizando la metáfora de "Argos", el guardián de 100 ojos de la mitología griega que ha cerrado los ojos, el documento denuncia el letargo institucional de la Defensoría del Pueblo venezolana. El análisis se basa en una revisión normativa, informes nacionales e internacionales, entrevistas a víctimas y activistas, y comparaciones con experiencias regionales.
La Defensoría del Pueblo fue creada formalmente en Venezuela con la Constitución de 1999 como parte del Poder Ciudadano, con la misión de prevenir, investigar y sancionar hechos que atenten contra la ética pública y la legalidad administrativa, y específicamente encargada de la defensa, vigilancia y promoción de los derechos humanos. Su Ley Orgánica, promulgada en 2001, establece sus atribuciones para proteger y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, promover reformas jurídicas, inspeccionar servicios, interponer acciones judiciales, emitir informes y educar en derechos humanos. Los principios rectores de la institución incluyen autonomía, independencia, imparcialidad y acceso amplio.
Sin embargo, el informe destaca hallazgos principales que señalan una desnaturalización del mandato constitucional. La Defensoría del Pueblo, creada para actuar con autonomía frente a los abusos del poder, durante la gestión del actual defensor, Alfredo Ruiz, designado irregularmente por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ha incumplido sistemáticamente su mandato. Se constata una ruptura entre sus atribuciones normativas y su actuación práctica.
La Defensoría del Pueblo y la falta de independencia
Uno de los puntos críticos es la cooptación política y pérdida de independencia. El nombramiento de Ruiz no siguió los procedimientos constitucionales, y su gestión se ha caracterizado por una subordinación discursiva y operativa al Ejecutivo. Su cercanía con figuras del oficialismo y su silencio ante graves violaciones han deslegitimado la institución. Esta cooptación es señalada por organismos como la CIDH, que considera que la Defensoría del Pueblo, junto a otras instituciones, ha sido cooptada por el Poder Ejecutivo, afectando la separación de poderes.
La degradación internacional y aislamiento es otro hallazgo importante. En 2016, la Defensoría del Pueblo fue degradada de categoría "A" a "B" por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, debido a su falta de independencia y eficacia. Esta sanción ha limitado su participación en foros internacionales y es un reflejo del retroceso institucional. Desde 2018 en adelante, Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ha suspendido de facto a la Defensoría venezolana de las redes de trabajo internacionales.
La omisión ante crímenes de lesa humanidad es documentada. Bajo la gestión de Ruiz, más de 1.100 personas han sido víctimas de tortura y al menos 40 han fallecido por esta causa sin que la Defensoría del Pueblo haya exigido sanción a los responsables. Esta inacción contrasta con la Ley contra la Tortura de 2013, de la cual Alfredo Ruiz fue promotor. La Defensoría tampoco ha actuado de oficio ni respondido a denuncias documentadas por organizaciones como Provea, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón, ni por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela. La Misión de Determinación de Hechos ha reportado que la DP no recibió ni tramitó denuncias de desaparición forzada y detenciones arbitrarias, y que funcionarios se negaron a recibir recursos bajo pretextos. El ACNUDH también ha señalado que la Defensoría ha guardado silencio ante las violaciones de derechos humanos.
Otros hallazgos
Otros hallazgos incluyen posibles casos de nepotismo y opacidad durante la gestión de Alfredo Ruiz, en contravención con la normativa. Su esposa ejerce funciones directivas dentro de la institución. Además, desde 2021 no se publican los informes anuales de gestión, lo que Acceso a la Justicia considera alarmante.
Los testimonios directos de víctimas y defensores recogen denuncias de trabas sistemáticas, negativa a recibir denuncias, amenazas veladas y ausencia de respuesta institucional por parte de la Defensoría. Algunos funcionarios regionales muestran voluntad, pero se encuentran limitados por la estructura central.
El informe contrasta el rol de Alfredo Ruiz con el de Jorge Santistevan de Noriega, Defensor del Pueblo en Perú durante el régimen autoritario de Alberto Fujimori. A pesar del contexto adverso, Santistevan se mantuvo independiente, denunció violaciones y fortaleció la legitimidad institucional. Este contraste muestra que es posible ejercer un rol contralor incluso bajo autoritarismo.
Es un ente pasivo que se ha vaciado de contenido
Las conclusiones centrales afirman que la Defensoría del Pueblo ha sido vaciada de contenido y significado. Su pasividad frente a graves crímenes constituye una forma de violencia institucional y podría derivar en responsabilidades penales o administrativas futuras. La actual gestión ha sido silenciosa frente a las víctimas y ruidosa en defensa del régimen. El caso de Alfredo Ruiz simboliza la transformación regresiva del defensor de derechos humanos al funcionario legitimador del abuso.
La inacción documentada podría implicar responsabilidades administrativas, éticas y eventualmente penales para el defensor del Pueblo, de acuerdo con leyes nacionales como la Ley especial para prevenir y sancionar la tortura, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal y la Ley del Estatuto de la Función Pública.
Finalmente, el informe ofrece recomendaciones estratégicas para la sociedad civil, la comunidad internacional y un futuro gobierno democrático en Venezuela. Se recomienda documentar y visibilizar la inacción de la Defensoría, educar sobre estándares internacionales, monitorear su uso político y construir alianzas. Para la comunidad internacional, se sugiere mantener la degradación internacional, respaldar a las ONG y víctimas, e incluir la evaluación de la Defensoría del Pueblo en los informes y mecanismos de presión diplomática. Para un futuro gobierno democrático, se plantea una reforma integral de la Defensoría, un proceso de selección transparente y participativo, auditorías de gestiones pasadas y la reconstrucción de la confianza con la sociedad civil.
En conclusión, el informe postula que la reconstrucción democrática de Venezuela pasa por refundar instituciones clave como la Defensoría del Pueblo. Este documento sirve como denuncia y como insumo para la justicia transicional y la rendición de cuentas.
