Los exfuncionarios chavistas Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres, quienes residen actualmente en España, serán investigados por la justicia de ese país por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante sus gestiones en Venezuela.
La investigación surge luego de que la Audiencia Nacional de España admitió una denuncia presentada el 5 de mayo por Dulce Bravo, opositora venezolana exiliada en Argentina, que fue respaldada por Urvex, de acuerdo con el portal español EDATV.
Opositora denunció que fue víctima de torturas bajo la gestión de Ortega Díaz y Rodríguez Torres
Bravo denunció que fue secuestrada y torturada en 2002 por colaborar con militares opositores en la plaza Altamira de Caracas. Según su testimonio, fue drogada, golpeada y amenazada para obtener información sobre el general disidente Felipe Rodríguez.
También aseguró que Rodríguez Torres le ofreció sobornos para revelar el paradero del mencionado general opositor. Posteriormente, fue llevada a tribunales donde, por orden de Ortega Díaz, se le negó el derecho a declarar. La opositora afirmó haber recibido amenazas constantes y vigilancia por parte de agentes de inteligencia.
El juez Antonio Piña solicitó a la Fiscalía un informe para determinar la competencia en la investigación de estos hechos. La investigación se centra en determinar si los hechos denunciados constituyen delitos de lesa humanidad perseguibles.
Ortega Díaz, exfiscal general de Venezuela, fue destituida en 2017 y posteriormente solicitó asilo en España en 2021. Mientras que Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, también reside en ese país tras romper con el chavismo. Ambos fueron figuras clave en la represión de manifestaciones opositoras y en casos como el de Leopoldo López.
La denuncia de Bravo, que se suma a otras iniciativas legales contra exfuncionarios venezolanos en territorio español, podría marcar un precedente en la aplicación de la jurisdicción universal en España.
