Un informe del Instituto Casla presentado este jueves 15 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló que las torturas físicas y psicológicas masivas que sufrieron los más de 2.000 detenidos en las protestas poselectorales de 2024, especialmente los que se encontraban en las cárceles de Tocorón y Tocuyito, provocaron una ola de intentos de suicidio en estos centros de reclusión, lo que pone en evidencia el terrorismo de Estado que vive Venezuela.
Acompañada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, la directora ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju, describió algunas de las torturas que sufrieron las personas que fueron arrestadas el año pasado durante las manifestaciones generadas en contra de los resultados electorales del 28 de julio, y explicó cómo el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en un sistema represivo que utiliza la violencia como instrumento de dominación política.
Instituto Casla denuncia al Estado por inducción al suicidio
El Informe Anual 2024-2025 sobre Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, elaborado por un panel de expertos del Instituto Casla, reveló que en las cárceles de Tocuyito y Tocorón, remodeladas para albergar a los detenidos en protestas, se registraron torturas físicas y psicológicas masivas, comparables con los campos de concentración nazi, tales como golpizas a todos los detenidos por igual, descargas eléctricas en las partes íntimas, noches de total oscuridad en las que les privaban el sueño y los amenazas constantemente, uso de ansiolíticos de forma masiva para controlar a los detenidos, y castigos como someter a los detenidos en patios de cemento a pleno sol para que sufran quemaduras.
Suju denunció asimismo que los detenidos fueron víctimas de torturas psicológicas dirigidas a destruir su autoestima y dignidad, les negaron medios de vida como comida e hidratación, expuestos de forma prolongada a condiciones insalubres sin acceso al aseo personal y baños, discriminación y tratos crueles a la comunidad LGBT, entre otros.
"El Instituto Casla quiere denunciar al Estado Venezolano formalmente por inducción al suicidio, ejecutada como parte del terrorismo de Estado contra los detenidos en Tocorón y Tocuyito. Las terribles condiciones carcelarias y los abusos constantes, el sometimiento a torturas verbales, físicas y psicológicas, la pérdida de esperanza de salir de la cárcel, el hambre, la deshidratación, el sentirse sucio, las dolencias físicas, la falta de atención médica, la incomunicación con familiares, los cuadros severos de depresión y miedo provocaron una ola de intentos suicidios nunca antes documentada en nuestro trabajo", destacó la abogada defensora de derechos humanos.
El informe documentó que, según testigos, durante los primeros tres meses de los detenidos en protestas en Tocorón, por ejemplo, llegaron a darse hasta 8 intentos de suicidios por día. A esto se le suma que el 4 de mayo el joven Lindomar Amaro se quitó la vida en esa prisión, y su compañero de celda Joandri Silva también lo intentó. Ambos habían pasado 15 días en una celda de castigo.
Suju destacó que "hay víctimas que han sido liberadas, cuyo deterioro físico y psicológico es tal que se teme por su vida hoy día. Hace tan solo tres días murió Ariana Pinto, expresa política de 20 años de edad, hipertensa y diabética, que fue liberada luego de haberse deteriorado su salud por la falta de atención médica oportuna".
El sistema represor del gobierno de Maduro
Suju describió al gobierno de Nicolás Maduro como una tiranía estructurada que opera como una red criminal transnacional, donde las instituciones del Estado han sido capturadas y están al servicio de la represión, el control social y actividades ilícitas. “No estamos ante un simple régimen autoritario ni ante un Estado fallido. El sistema venezolano ha integrado la estructura estatal con redes criminales que hacen de la represión, la impunidad y la permanencia en el poder sus únicos objetivos”, afirmó.
La abogada señaló que, en este contexto, los crímenes de lesa humanidad no son hechos aislados, sino que forman parte de una estrategia planificada por una cúpula político-militar que incluye órganos judiciales, de inteligencia, policiales y militares.
“Los poderes del Estado están implicados en la planificación, ejecución y omisión de estos crímenes. Es un aparato diseñado para perseguir a civiles y militares, dentro y fuera del país”, advirtió.
En cuanto a lo sucedido durante las protestas poselectorales, el documento indicó que el gobierno de Maduro "planificó y preparó a toda su estructura represiva: operaciones de inteligencia, redes de informantes, desapariciones forzadas y tortura sistemática. No fue casualidad. Fue una orden directa para aterrorizar a la población ante un resultado electoral adverso. La orden era salir a reprimir con todo el uso de la fuerza, sin mirar a quien, utilizando el secuestro, la desaparición forzada, la tortura masiva contra cientos de detenidos en las prisiones de máxima seguridad. Así como la operación tun tun, para causar el terror suficiente en la población y aplacar las protestas".
Suju también destacó la gravedad de que el gobierno utilice a jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, que están en pasantías en cuerpos policiales o en el Ministerio de Asuntos Penitenciario, para que se hagan cargo de las torturas en contra de los detenidos en el contexto poselectoral. "Muchos de los custodios son estos jóvenes. Jóvenes aprendiendo a torturar y maltratar a otros jóvenes. Algunos han sido detenidos por negarse a hacerlo", indicó Suju.
Entre los puntos más graves en el informe del Instituto Casla se encuentra el hallazgo de más de 532 detenidos, cuya identidad se desconoce, presos en los sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Milira en Boleíta. Familiares tendrían prohibido hablar de ellos o de lo contrario corren el riesgo de ser detenidos también.
Suju hace un llamado a la comunidad internacional y a la CPI
El informe del Instituto Casla respalda sus denuncias con testimonios, pruebas documentales y patrones de represión sistemática, y será remitido a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), donde ya se adelanta una investigación formal contra altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
Ante esto, Suju pidió a la CPI tomar medidas contundentes en contra del gobierno de Maduro, incluidas órdenes de aprehensión en contra de la cadena de mando, y alertó que la situación de Venezuela podría escalar a un conflicto regional.
Hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga haciendo presión al Estado venezolano.
