La perdurable controversia que rodea al territorio del Esequibo, actualmente administrada por la ex colonia inglesa de Guayana Británica, ha llegado a un punto crítico. Los argumentos históricos y legales de Venezuela parecieran no haber sido aceptados por el alto tribunal, por las recientes órdenes emitidas, atando de manos a Venezuela, privándola del derecho de la legítima defensa y dándole la razón a la excolonia, lo cual sería una justificación para quienes se niegan a reconocer la jurisdicción del alto tribunal al dudar de su imparcialidad.
Si bien se han explorado vías políticas y diplomáticas durante décadas, el envío a la CIJ podría entenderse como que Guyana está disparando desde la cintura; no obstante, por ello es necesario que las autoridades responsables de conducir la defensa de Venezuela comprendan la lógica existente detrás del recurso interpuesto por Guyana, junto con las profundas implicaciones de si Venezuela no comparece.
Varias razones subrayan la lógica para que Venezuela, a pesar de su renuencia, considere activamente y se involucre estratégicamente con el proceso de la CIJ: el agotamiento de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Disputas: en particular el proceso de Buenos Oficios bajo los auspicios de las Naciones Unidas no arrojó una solución práctica y satisfactoria. El estancamiento persistente resaltó las limitaciones de estos enfoques, por lo que el recurso a la CIJ, como principal órgano judicial de las Naciones Unidas, ofrece un marco legal estructurado para la solución de la disputa basado en el derecho internacional.
Si bien Venezuela puede albergar preocupaciones sobre un fallo potencialmente desfavorable, la naturaleza jurídicamente vinculante de las sentencias de la CIJ en virtud del Artículo 94 de la Carta de la ONU, presenta tanto un riesgo como una oportunidad. Para Venezuela, la participación activa, le permite presentar sus argumentos y potencialmente influir en el proceso de toma de decisiones de la Corte. La no comparecencia, por el contrario, pierde esta oportunidad por completo.
La disputa del Esequibo tiene el potencial de escalar las tensiones en la región. Involucrarse con el proceso de la CIJ, indica un compromiso con la resolución pacífica de disputas de conformidad con el DIP, lo cual puede mejorar la posición internacional de Venezuela y proyectar una imagen de actor responsable en la arena global.
La Cancillería, las autoridades competentes, tienen que tener claro la importancia de presentar sus argumentos históricos y legales: la CIJ proporciona una plataforma para que Venezuela articule sus reclamos históricos e interpretaciones legales ante el órgano internacional. Una presentación bien preparada y convincente, respaldada por evidencias históricas y precedentes legales, tendrían que influir en la opinión de la Corte, incluso si la cuestión jurisdiccional sigue siendo un punto de contención.
El reconocimiento oficial de la jurisdicción de la CIJ permitiría a Venezuela dar forma a la narrativa internacional que rodea la disputa. El presentar sus argumentos e inquietudes, percutiría en la opinión pública mundial, en particular en un Caribe agreste que olvida que antes de Petrocaribe fue Venezuela la que asumió la cooperación petrolera con las Facilidades Petroleras de Puerto Ordaz y luego en forma conjunta con México con el Convenio Petrolero de San José
La política declarada de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ y la extraña posición de hacer uso de todos los recursos procesales contenidos de los estatutos, como recurrir a las Objeciones Preliminares, designar el juez ad hoc, designar el agente y los coagentes, advirtiendo que su presencia es por cortesía, conllevan riesgos significativos y consecuencias potencialmente perjudiciales:
Las reglas de procedimiento de la CIJ le permiten proceder con un caso incluso si una de las partes no comparece o no presenta su caso. Esto significa que Guyana puede presentar sus argumentos y pruebas, y la Corte puede emitir un fallo basado únicamente en esa información. En consecuencia, en ausencia de Venezuela, es muy probable que la Corte falle a favor de Guyana, consolidando su reclamo sobre el Esequibo. Al no participar, Venezuela pierde su derecho a presentar sus argumentos históricos y legales, impugnar los reclamos de Guyana y ofrecer contrapruebas. Esta postura pasiva debilita significativamente su posición y hace que un fallo desfavorable sea casi una certeza.
Las sentencias de la CIJ son, en principio, vinculantes e inapelables, revertir un fallo emitido en ausencia de Venezuela sería un proceso extremadamente difícil y prolongado, que requeriría nuevas pruebas convincentes. Un fallo de la CIJ a favor de Guyana fortalecería significativamente el reclamo legal de Guyana sobre el Esequibo. Establecería un precedente legal vinculante en virtud del derecho internacional que Venezuela estaría obligada a respetar, consolidando aún más el control de Guyana sobre el territorio y le abriría las puertas a Colombia en su deseo de delimitar las aguas marinas y submarinas en el Golfo de Venezuela.
