El recorrido que se ofrece a continuación pone en evidencia la dura lucha que periodistas y medios de comunicación han protagonizado a favor de la libertad de expresión
Por ANDRÉS CAÑIZÁLEZ / RAISA URRIBARRI
Los 50 años de la revista Comunicación, si se conectan con los principales hitos en materia de comunicaciones en Venezuela, han dado cuenta de alzas y bajas, idas y vueltas, teniendo al menos tres etapas diferenciadas, cuyo punto cenit se caracteriza por el deterioro y la regresión.
Entre 1975 y 1992, un período de 17 años, en el que prevaleció el desarrollo mediático y Venezuela jugó un rol significativo en la discusión internacional sobre la democratización de las comunicaciones. Entre 1992 y 2007, un lapso de 15 años de un país en trance, con años de un modelo democrático moribundo y un modelo autoritario en ciernes. Finalmente, entre 2007 y 2025, un lapso de 18 años en el que asistimos a la consolidación hegemónica del autoritarismo político-institucional, afianzado en el control y represión sobre las comunicaciones y el periodismo.
Teniendo como telón de fondo estas distintas etapas, si nos guiamos solamente por el surgimiento de escuelas de comunicación social en el país, han sido cinco décadas de expansión en el campo académico, sin entrar en consideración sobre aspectos como la calidad educativa. De las tres escuelas (Universidad Central de Venezuela, Universidad del Zulia y Universidad Católica Andrés Bello) que existían al momento de fundarse la revista Comunicación, en 1975, en este 2025 se contabilizan al menos 15, siendo la más reciente la de la Universidad Metropolitana y teniendo algunas de estas escuelas sedes en distintas ciudades del país.
A continuación, haremos un repaso de los principales hitos en estos 50 años de historia de las comunicaciones en Venezuela.
Proyecto Ratelve (1977)
RATELVE fue un completo proyecto que se publicó en 1977, que básicamente propugnaba por un modelo de radio y televisión pública para Venezuela. Con RATELVE, el país hizo un aporte significativo al debate latinoamericano que propugnaba por la democratización de las comunicaciones. La falta de voluntad política para su aplicación terminó convirtiéndolo sólo en documento de estudio. Años después, se reformularon algunas banderas del concepto de servicio público, entendiendo a lo público más allá de lo estatal, colocándole límites a la intervención gubernamental, y poniendo el acento en los roles que pudieran cumplir ciudadanos y académicos.
Fue el primer debate serio en Venezuela para diseñar una nueva política de radiodifusión del Estado venezolano. El proyecto RATELVE, que tuvo en Antonio Pasquali una figura protagónica, fue presentado por la Comisión Preparatoria del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) en el año 1974. Esta comisión logró un diálogo entre expertos de las cuatro instituciones del Estado con injerencia en la Radiodifusión: Oficina Central de Información, Ministerio de Comunicaciones, CANTV y CORDIPLAN. En este proyecto no sólo se reglamentaba el contenido programático de los medios, sino que se presentaban propuestas alternativas al régimen de propiedad. Se asumió como referencia 1977, dado que ese fue el año en que se publicó en forma de libro.
La televisión a color (1980)
En junio de 1974 se juramentó, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, una comisión presidencial encargada de realizar los estudios técnicos para implementar en Venezuela la televisión a color.
El inicio oficial de las transmisiones quedó fijado para el 1 de junio de 1980, cuando ya gobernaba Luis Herrera Campins. Sin embargo, a lo largo de esos años se hicieron diversas pruebas. Un problema que quedó en evidencia a fines de 1979 era que la llegada de la televisión a color estaba a la vuelta de la esquina y en ese momento no existía un stock suficiente de aparatos en las cadenas comerciales de entonces.
Los actos oficiales que encabezó Carlos Andrés Pérez para la nacionalización del hierro (1975) y del petróleo (1976) se hicieron a color, pero pensadas para el público de otros países ya que la gran mayoría de venezolanos sólo tenía aparatos en blanco y negro. A partir del 1 de junio de 1980, se oficializaron las transmisiones a color en la TV venezolana, siguiendo el modelo M/NTSC de Estados Unidos.
Las regulaciones de Herrera Campins (1979-1984)
El gobierno de Luis Herrera Campins se caracterizó por una relación difícil con los medios, y eso se reflejaba en la crítica que hizo al iniciarse su mandato cuando aseguró que en Venezuela existía “más libertad de prensa que de información”.
Por un lado, se produjeron interferencias directas de actores gubernamentales en contra de la libertad de expresión e información, a la par que el Ejecutivo dictó una serie de decretos, la mayoría centrados en materia radioeléctrica, que provocaron un distanciamiento con los medios, especialmente de la radio y la televisión. En reacción, y tras culminar su mandato, el expresidente fue objeto de un persistente veto, no declarado pero efectivo, por parte de la pantalla chica venezolana, prácticamente hasta su fallecimiento en 2007.
Herrera Campins, quien había ejercido el periodismo antes de incursionar en la política, suprimió toda publicidad por radio y televisión dirigida a promover el consumo de cigarrillos y bebidas alcohólicas.
El negativo matrimonio entre medios y políticos (1986)
El fallecido Tomás Eloy Martínez apuntó en 1986 lo que sin duda constituía una anomalía: el apoyo que le brindaban consorcios de medios a un partido político, en el marco de una campaña electoral, a cambio de incluir figuras de esos medios, periodistas y/o propietarios directamente, en las listas de candidatos, bien al Congreso Nacional o a los Concejos Municipales. Durante la campaña electoral “esa prensa renuncia a su neutralidad de otras épocas y adopta una postura militante”, sostenía el reconocido periodista y escritor argentino quien residió en Caracas.
En 1968 se marcó el hito: se tejió una alianza entre el abanderado presidencial Rafael Caldera y la Cadena Capriles, la cual arrojaría una de las distorsiones más agudas de aquellos años, pues se canjearon seis puestos de diputados y uno de senador, a cambio del apoyo editorial a la campaña. Aquel matrimonio por conveniencia, como práctica nociva se repetirá a lo largo de los años 1970 y de los 1980, y terminó involucrando a casi todos los medios impresos de importancia del país.
En 1986, al hacer una síntesis de las cosas que deberían afrontarse para hacerle correcciones al sistema democrático de Venezuela, Moisés Naím y Ramón Piñango apuntaban la necesidad de que en el país existiesen “medios de comunicación pluralistas” que representaran “de forma independiente los intereses de la comunidad”.
Lusinchi: Recadi y la vida sentimental del presidente (1984-1989)
Si bien el Régimen de Cambios Diferencial (Recadi) se estableció en los años de Luis Herrera Campins, en 1983, es tres años después, durante la administración de Jaime Lusinchi, cuando se convirtió en una poderosa arma para silenciar temas incómodos, como la vida sentimental del jefe de Estado, a la par que devino en mecanismo eficaz para la autocensura en muchos medios del país. Las llamadas telefónicas desde el Palacio de Miraflores a las redacciones para presionar, mediante chantajes directos o indirectos, se hicieron moneda corriente en aquellos años.
Dos periódicos, El Diario de Caracas y El Nacional, en forma selectiva, fueron objeto de presiones a partir de 1986. Para las publicaciones resultaba vital comprar insumos en el exterior como papel y tinta, para lo cual necesitaban contar con divisas.
El divorcio presidencial y la existencia de una amante, que en los hechos ejercía como primera dama de facto, tuvieron resonancia en el ejercicio del derecho a la información. El diario El Universal, en un editorial prácticamente justificó su autocensura en el tema; y no era asunto trivial, la periodista Rossana Ordoñez fue sacada, casi de inmediato, tras abordarlo en un programa matutino que conducía en RCTV.
En octubre de 1986, ejemplares de la prensa frívola española fueron retenidos al llegar a Venezuela por las autoridades, por el atrevimiento de reseñar con pelos y señales los diferentes arreglos protocolares y habitacionales que debieron hacerse en Madrid para recibir al entonces jefe de Estado y su secretaria privada.
La radio se expande en 1989 con las emisoras en FM
El 1 de julio de 1989 llegó la era de la Frecuencia Modulada a Venezuela. Eran los primeros meses del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y el país había quedado sacudido por los sucesos del Caracazo de febrero de aquel año.
La introducción en Venezuela de la radio en Frecuencia Modulada (FM) fue una decisión que tardó en producirse, si se comparaba con lo que había sucedido en otros países. Había sido retrasada por el primer gobierno de Pérez (1974-1979), luego por Herrera Campins (1979-1984) y finalmente Lusinchi otorga las concesiones en el tramo final de su mandato.
Dada la complicada relación de Lusinchi con el mundo periodístico y mediático, la decisión de otorgar las licencias, tomada en 1988, fue objeto de profundos cuestionamientos e intensas críticas que giraban en torno a estas dos interrogantes: ¿cuáles fueron los criterios utilizados para la selección de los concesionarios?, y ¿cuáles fueron los mecanismos que rigieron el proceso de otorgamiento?
Telenovelas de exportación (1992)
Un aspecto económico de lo que en aquel momento se consideró como industria de la televisión, fue la exportación de telenovelas, que comenzó desde inicios de los 1980.
Se estima que solamente en 1992, RCTV y Venevisión tuvieron ingresos en torno a los 50 millones de dólares por el pago de derechos de transmisión de las telenovelas en América Latina, Europa y hasta Asia. En 1993 un total de 38 países emitieron telenovelas creadas y producidas en su totalidad en Venezuela, con talento local.
En un país netamente exportador de petróleo, el Instituto de Estudios Superiores de la Administración (IESA) comenzó a estudiar a las telenovelas, a mediados de los años 1990, como producto de exportación no tradicional ya que se equiparaba con la venta al exterior de vehículos ensamblados en Venezuela (53 millones de dólares) o con las exportaciones textiles (49 millones de dólares). Esta fue una tendencia evidente a partir de 1992 y que se mantuvo por varios años en aquella década.
El primer periódico online de Venezuela (1995)
El año 1995 marca un punto de inflexión en la historiografía de Internet en el país. En ese año apareció Cybervenezuela, el primer portal venezolano; el directorio Venweb, propiedad de la revista Computación Global y el diario El Nacional, fundado en 1943, se convirtió en el primer periódico tradicional de Venezuela que dio el salto a Internet. Colocó en línea una edición digital que reproducía la versión impresa. Un año después nació el primer motor de búsqueda venezolano: Auyantepui.
El debate constituyente (1999)
En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, durante todo el mes de octubre e inicios del mes de noviembre de 1999, se desarrolló una polémica en torno a la aprobación de disposiciones constitucionales relativas a la información y a la libertad de expresión. El debate se centró en el concepto de “información veraz” propuesto por constituyentes afines al partido de gobierno.
En un debate caracterizado por la polarización de opiniones, las asociaciones de propietarios, especialmente el Bloque de Prensa Venezolano, la directiva del CNP, constituyentes de diversas corrientes políticas, periodistas, representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y directivos de Reporteros Sin Fronteras sostuvieron que la aprobación del concepto de “información veraz” podía implicar futuras restricciones o censuras para el ejercicio del derecho a la información.
Finalmente, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la incorporación del concepto “información veraz”, en el artículo 58 de la nueva Constitución. Esta disposición constitucional fue cuestionada en el Informe de la Relatoría para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente al año 1999, en el cual se señalaba que la aprobación del concepto de información veraz, “representó un grave retroceso para la libertad de expresión e información en el hemisferio”.
Como parte del debate constituyente, el Comité por una Radio Televisión de Servicio Público (RTSP) presentó algunas propuestas como el de la inclusión en la nueva carta magna del principio de la “Comunicación libre y plural”, el cual fue aceptado e incorporado como parte del artículo 58 de la Constitución Nacional. Además, el RTSP propuso también la inclusión del derecho a la comunicación y a la información, el derecho a réplica, el derecho de los ciudadanos a un servicio de radio y televisión público no gubernamental y el uso del espectro radioeléctrico como un bien público. La propuesta del derecho a réplica fue considerada e incluida en el artículo 58 de la Constitución Nacional.
La Ley de Telecomunicaciones (2000)
A partir del año 2000, las telecomunicaciones en Venezuela reciben un importante apoyo estatal, a través de una serie de iniciativas que pretenden modernizar la infraestructura tecnológica del sector público, mejorar los niveles de acceso de la población a los desarrollos tecnológicos más recientes, y —en teoría— ofrecer un marco de libre competencia.
En ese año 2000 se promulga la Ley de Telecomunicaciones, en la cual se establecían entre otras cosas la libre competencia de servicios de conexión a Internet, televisión por suscripción, satelital, telefonía móvil y fija, así como el acceso sin restricción a las mismas.
En su artículo 200, esta ley establece que el Estado venezolano promoverá la existencia de estaciones de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público, sin fines de lucro, como medios para la comunicación y actuación, plural y transparente, de las comunidades organizadas en su ámbito respectivo.
En materia de restricciones a las libertades informativas, esta ley del año 2000 le otorgó al ejecutivo de Venezuela un poder bastante discrecional en el uso de las “cadenas” nacionales de radio y televisión. Esta figura obliga a que en cualquier momento todas las radios y televisoras del país deban encadenarse y transmitir de forma simultánea los mensajes que determine el gobierno. Asimismo, se le dio poder de decisión al Ejecutivo para incautar equipos y suspender transmisiones en vivo bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional y el orden público.
La Ley de Responsabilidad Social (2004)
El 17 de diciembre de 2004, el presidente venezolano Hugo Chávez dio el ejecútese oficial a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (llamada Ley Resorte por voceros oficiales), tras su aprobación en el seno de la Asamblea Nacional, exclusivamente, con los votos de los diputados del chavismo. Los señalamientos críticos hacia este instrumento, en aquel 2004, iban en tres direcciones.
En primer lugar, fue una ley concebida como una retaliación política contra los medios privados. En la agudización de la crisis política venezolana, a partir de diciembre de 2001 y de forma especial en los puntos más álgidos de dicho proceso, se hizo evidente una alineación política de los más emblemáticos medios con los sectores opositores al presidente Chávez. En abril de 2002 silenciaron aspectos cruciales del golpe de Estado, en diciembre de ese año le donaron todos sus espacios publicitarios a la oposición durante dos meses en el marco de una paralización, mientras que a lo largo de los meses construyeron una agenda complaciente con la llamada Coordinadora Democrática y, prácticamente, invisibilizaron a los factores progubernamentales.
La respuesta fue una ley altamente punitiva, administrada por órganos de un poder ejecutivo que cotidianamente enjuicia a los medios, y teniendo una frontera discrecional muy tenue para la aplicación de sanciones.
La ley, al momento de su promulgación por Chávez (antes de que sufriera diversas transformaciones y ajustes), ya establecía 78 sanciones posibles. En contraste, en ese texto legal no quedaban establecidos derechos de los prestadores de servicios, a los cuales solo se les asignaban responsabilidades. Por otra parte, la aplicación de la ley quedó en manos de órganos dependientes del poder ejecutivo. A lo que se sumó la ausencia de fronteras claras en la ley para determinar causales de sanciones en materia de violencia o sexo, presentes en los contenidos audiovisuales, por lo que se abrió un espacio de discrecionalidad en su aplicación.
La hegemonía comunicacional (2007)
A inicios de 2007, en una entrevista que le hiciera Laura Weffer para El Nacional al entonces ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, este acuñó por primera vez la categoría de “hegemonía comunicacional” como estrategia central del gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Esta entrevista tuvo lugar a escasos días del anuncio del mandatario de que cerraría la señal del canal RCTV.
El modelo de hegemonía y control comunicacional, como lo sintetizó Marcelino Bisbal, se implantó en el gobierno de Hugo Chávez (1999-2012) y fue cónsono con su política, carisma y popularidad entre los más pobres, en lo que Andrés Cañizález bautizó como “La presidencia mediática”. Tras la muerte de Chávez, el modelo formó parte del legado del comandante y ha sido desde 2013 una eficaz herramienta en manos de un gobernante de baja aceptación popular, como es el caso de Nicolás Maduro.
Sintéticamente, el modelo comunicacional del chavismo se ha caracterizado, entre otras cosas, por: a) una arquitectura legal para regular a los medios de comunicación privados; b) manejo partidista de los entes encargados de la veeduría oficial como es el caso de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); c) el uso excesivo de las cadenas nacionales de radio y televisión; d) el carácter propagandístico que le dio a los medios administrados por el Estado, junto a la expansión numérica del aparato mediático gubernamental.
El cierre de RCTV (2007)
El 28 de diciembre de 2006 el presidente venezolano Hugo Chávez copó los titulares informativos. Ese día anunció la decisión de su gobierno de no renovarle la concesión a RCTV, el canal más antiguo del país con más de 50 años de existencia y con el más alto nivel de audiencia en la televisión abierta. La noticia, lógicamente, levantó inmediatas reacciones y pronunciamientos. La decisión presidencial de no renovar la concesión de RCTV se ejecutó el 27 de mayo de 2007.
Ese año de 2007, en el campo específico de las comunicaciones, Venezuela vivió una suerte de punto de inflexión al ejecutarse la medida ya anunciada de que el gobierno no renovaría la concesión al canal RCTV. Después de años de intensa conflictividad (2001-2003) y del notable reacomodo mediático de 2004, RCTV simbolizó la política gubernamental y el cese de sus transmisiones tuvo impacto en otras esferas de la vida nacional. Las extendidas protestas del movimiento estudiantil universitario, tuvieron un claro detonante con la salida del aire de RCTV para luego conectarse con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que se votó a fines de 2007. Por primera vez, y de forma unánime, hubo una condena a la decisión oficial de Chávez en el mundo de los organismos internacionales de derechos humanos y en particular de la libertad de expresión. Se entendía, y con razón, que el cese de las transmisiones de un canal de televisión, por razones notablemente políticas, resultaba una sanción en extremo negativa.
La nacionalización de la CANTV (2007)
La nacionalización de la CANTV también tiene lugar en mayo de 2007. Con esta reapropiación, el Estado, además de ente regulador de las telecomunicaciones (a través de CONATEL, de acuerdo con la Ley de Telecomunicaciones aprobada en el año 2000) se convierte en el principal operador de los servicios. La nacionalización de la principal compañía de telecomunicaciones del país —y su subsidiaria Movilnet— fue sin duda una medida dirigida a lograr el control hegemónico de un sector que, gracias a la digitalización creciente, comienza a ser el espacio al que acuden las voces disidentes censuradas.
En agosto del mismo año, el avance hacia el Socialismo del Siglo XXI tuvo un impulso con la propuesta del proyecto de reforma constitucional —presentado inicialmente por el presidente y luego expandido por la Asamblea Nacional (Proyecto de Reforma Constitucional, 2007). Aunque fue rechazado en el referendo popular realizado en diciembre de ese año, y actuando en contra de lo dispuesto en la constitución, el gobierno comenzó a implementar el Proyecto Nacional Simón Bolívar, definido como el primer plan socialista de la nación (2007-2013).
En este Plan de la Nación, la noción de democracia participativa y protagónica desaparece y es reemplazada por la llamada democracia protagónica revolucionaria. Una de las metas más importantes de este plan es “consolidar al sistema de comunicación nacional como instrumento para el fortalecimiento de la democracia protagónica revolucionaria” y “promover el control social de la población hacia los medios de comunicación masivos”.
La noche del cierre masivo de emisoras (2009)
La noche del 31 de julio de 2009, bajo la dirección en ese momento de Diosdado Cabello, CONATEL ejecutó un cierre masivo y simultáneo de emisoras de radio en Venezuela. Al contrario de la estrategia seguida con RCTV, que tuvo una distancia de seis meses entre el anuncio y la ejecución concreta de la medida, en esta oportunidad no se le dio tiempo a los afectados para preparar su defensa.
En aquella coyuntura el gobierno había tomado medidas que no gozaban del consenso, ya que se estaba en pleno proceso de “implantar el socialismo del siglo XXI”. En un momento como ese el tema mediático cobraba una significación privilegiada. El presidente Hugo Chávez tenía perfecta claridad sobre la importancia de controlar el relato. De esa forma, para quienes ejercían y ejercen el poder en Venezuela no resultaban tan importantes las decisiones o políticas, sino el cómo se les bautiza, el cómo quedarán recordadas. Así, el cierre arbitrario de 34 estaciones de radio a lo largo y ancho del país, el relato oficial lo presentó como la “democratización del espectro radioeléctrico”.
Primer medio nativo digital (2010)
Si bien el portal analitica.com fue creado en 1996, en sus orígenes fue un espacio dedicado a la opinión y sólo en 2014 se convierte propiamente en un medio informativo en línea. Esto hace que sea lapatilla.com el primer medio nativo digital enfocado en noticias de Venezuela, siendo fundado en 2010 por Alberto Federico Ravell, una vez que a inicios de ese año fue obligado a abandonar la dirección general del canal de noticias Globovisión y vender su paquete accionario.
La venta (forzada) de Globovisión (2013)
Cuando se hizo oficial la venta del canal Globovisión, en marzo de 2013, casi que, de forma simultánea con el anuncio oficial de la muerte de Hugo Chávez, resultaba visible que se trataba del fin de una época en materia comunicacional en Venezuela. La venta de la mayoría de acciones del canal Globovisión a un trío de empresarios, cuyo rostro más visible en un primer momento era el corredor y exbanquero Juan Domingo Cordero, por parte de Guillermo Zuloaga, debía entenderse en un contexto más amplio.
No se trataba de cualquier transacción empresarial, obviamente. Se daba inicio a una nueva etapa política y mediática, la del chavismo sin Chávez, y aquella venta forzada de Globovisión era un mensaje muy claro a los medios de comunicación de radio y televisión que aún mantenían una línea editorial crítica. La venta obligada del canal de noticias fue el resultado de una sistemática campaña de hostigamiento gubernamental, que se agudizó con mucha claridad a partir del cierre de RCTV en 2007. El gobierno había aprendido la lección del costo que implicaba cerrar un medio de comunicación. Más fácil resultaba forzar un cambio de propietarios para luego torcer la línea editorial del canal de televisión.
Comienzan los bloqueos masivos de medios digitales (2013)
Entre finales de 2013 y comienzos de 2014, las prácticas de bloqueo de sitios web se hicieron significativamente más abiertas. Según declaraciones del mismo director de CONATEL, se bloquearon alrededor de 400 sitios web que informaban sobre asuntos económicos relacionados con el control de divisas.
En febrero de 2014 se bloqueó el sitio web del canal de noticias colombiano NTN24, luego de que emitiera un video que mostraba el asesinato de un ciudadano que protestaba durante uno de los múltiples escenarios de represión política que se vivieron durante ese año.
Se promulga la Ley contra el Odio (2017)
En mayo de 2017, contraviniendo los procedimientos dispuestos en la constitución vigente, el gobierno convocó a votaciones para la designación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). De forma ilegal e ilegítima, en un contexto de protestas y con graves denuncias acerca del número de votos consignados, la ANC se instaló dos meses después con 545 integrantes, todos ellos afectos al partido de gobierno. A partir de ese momento ese cuerpo se sitúa por encima de todos los poderes públicos, con la facultad de legislar en todas las materias.
En noviembre de 2017, la ANC aprueba la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”, la cual establece penas de hasta 20 años de cárcel para quien “incite al odio, la discriminación o la violencia”. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el texto legal “en nombre de la paz, la tranquilidad pública y la nación, establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
La muerte de Antonio Pasquali (2019)
El venezolano Antonio Pasquali es sin duda el autor más relevante de nuestro país en materia de comunicaciones, a lo largo de las últimas décadas. Se destacó por varias razones, pero debe apuntarse en primer lugar la edición de su libro ya clásico Comunicación y Cultura de Masas. Pasquali es un autor pionero que irrumpe en la escena con un libro que es aproximación crítica y filosófica, que se pasea y desmenuza el carácter mass mediático de la comunicación contemporánea, con clara influencia del pensamiento europeo, pero aterrizando con mucha claridad su objeto de estudio en la realidad latinoamericana y en particular venezolana. Pasquali contribuyó decididamente a fundar una escuela latinoamericana de los estudios de comunicación.
Y se inicia el 2025
Comenzamos el año con la dolorosa ausencia del portal de ideas Prodavinci, un espacio digital de primer nivel largamente aliado de nuestra revista. Esperando que este cese de Prodavinci sea temporal, no deja de ser un signo de los tiempos que la razón sea fundamentalmente financiera, el no tener cómo garantizar su sostenibilidad.
El 2025, en sus primeras semanas, también nos ha cimbrado internamente. En enero tuvo lugar la desaparición y detención temporal de Carlos Correa, director de la revista Comunicación entre 1993 y 1999. Figura emblemática de la sociedad civil venezolana, en el campo de la defensa y promoción de la libertad de expresión, este caso nos recordó dolorosamente que nadie que ejerza la crítica pública en Venezuela está exento de la cárcel o la persecución.
*Raisa Uribarri y Andrés Cañizález son periodistas y miembros del Consejo de Redacción de la revista Comunicación.
