El 21 de marzo de 2025, la administración Trump anunció una extensión de 60 días para la licencia de Chevron para operar en Venezuela, posponiendo su expiración del 3 de abril al 27 de mayo de 2025. Esta decisión encapsula las contradicciones de la política estadounidense hacia Venezuela: un pragmatismo energético que choca con el imperativo moral de confrontar la dictadura de Nicolás Maduro. Este artículo analiza las implicaciones de la prórroga en el contexto de la crisis constitucional venezolana, el golpe de Estado institucional perpetrado por el régimen tras las elecciones del 28 de julio de 2024, la ineficacia de la oposición liderada por Edmundo González y el impacto de la ambigüedad internacional en la perpetuación del statu quo autoritario. Se argumenta que la incapacidad de la oposición para articular una narrativa centrada en la ruptura constitucional, combinada con las prioridades geopolíticas de actores externos, ha permitido a Maduro consolidar su régimen híbrido, mientras millones de venezolanos enfrentan represión, migración forzada y un colapso económico sin precedentes.
La extensión de la licencia de Chevron: pragmatismo energético versus principios democráticos
La extensión de 60 días de la licencia de Chevron permite a la compañía estadounidense continuar produciendo aproximadamente 220.000 barriles diarios, equivalente a un cuarto de la producción petrolera venezolana. Esta decisión, que sigue al anuncio de Donald Trump el 26 de febrero de 2025 de revocar la licencia por el incumplimiento de Maduro de los compromisos democráticos del Acuerdo de Barbados de 2022 y los retrasos en la repatriación de migrantes, refleja un compromiso interno en la administración Trump. Por un lado, el CEO de Chevron, Mike Wirth, defiende la presencia de la empresa para mantener la influencia occidental en el sector petrolero venezolano; por otro, figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, abogan por cortar los recursos financieros del régimen. Las operaciones de Chevron, realizadas mediante empresas mixtas con Petróleos de Venezuela, han generado cerca de 4.000 millones de dólares en ingresos para el régimen desde noviembre de 2022, fortaleciendo su aparato represivo y redes de corrupción (Reuters, “U.S. extends Chevron’s Venezuela license for 60 days,” 21 de marzo de 2025).
La presencia de Chevron asegura el acceso de Estados Unidos a las mayores reservas petroleras del mundo, en un contexto de creciente demanda energética global. Con un consumo de 20 millones de barriles diarios y reservas domésticas de 40.000 millones de barriles, Estados Unidos agotaría sus reservas en aproximadamente 6 años si dependiera únicamente de ellas (40.000 millones ÷ 20 millones × 365 días ≈ 5,48 años). Sin embargo, las empresas mixtas con Pdvsa canalizan fondos indirectos al Estado venezolano, lo que plantea la pregunta: ¿constituye esto un respaldo de facto a Maduro? La licencia prohíbe pagos directos de impuestos o regalías, pero la recuperación de una deuda de 1,700 millones de dólares por parte de Chevron sugiere intereses económicos que debilitan el compromiso de aislar al régimen, evidenciando una política de “América Primero” que prioriza la seguridad energética sobre la lucha contra el autoritarismo.
La crisis constitucional: un golpe de Estado institucional
Desde una perspectiva politológica, los eventos en Venezuela desde el 28 de julio de 2024 constituyen un golpe de Estado institucional, dirigido no contra un individuo, como el presunto vencedor presidencial Edmundo González, sino contra la Constitución venezolana. Este tipo de golpe, caracterizado por la subversión sistemática de las instituciones democráticas, tiene precedentes históricos, como el autogolpe de Alberto Fujimori en Perú (1992) o la consolidación autoritaria de Recep Tayyip Erdogan en Turquía (2016). En Venezuela, el golpe comenzó el 29 de julio de 2024, cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, manipuló los resultados electorales, violando las normas constitucionales. Al día siguiente, el respaldo del Alto Mando Militar al fraude incumplió el Artículo 328 de la Constitución, que exige la neutralidad de las fuerzas armadas.
La represión subsiguiente, con más de 2.000 detenciones arbitrarias, desapariciones y asesinatos entre julio de 2024 y enero de 2025, fue orquestada bajo la tutela del fiscal general, Tarek William Saab, con tribunales y cárceles estatales utilizados para persecuciones sistemáticas. El 8 de septiembre de 2024, González fue forzado al exilio en España bajo presión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, desmantelando el liderazgo opositor. A diferencia de golpes tradicionales, como el de Myanmar en 2021 contra Aung San Suu Kyi, este proceso no requirió tanques en las calles, sino el control preexistente de los poderes públicos y cuerpos represivos, como la Guardia Nacional, colectivos paramilitares, la Policía Nacional, la DGCIM y el Sebin. El Tribunal Supremo de Justicia validó los resultados fraudulentos, mientras Saab emitió órdenes de arresto sumarias, colapsando las garantías constitucionales.
La ineficacia de la oposición y la narrativa fallida
La oposición venezolana, liderada por Edmundo González, ha fracasado en articular una estrategia efectiva contra Maduro, limitándose a un discurso superficial centrado en el fraude electoral que no aborda la profundidad de la crisis institucional. El error más grave ha sido ignorar la ruptura constitucional como el eje central del golpe de Estado institucional del 28 de julio de 2024. Esta omisión ha excluido a las más de 2.000 víctimas de la represión (julio 2024-enero 2025) de un marco de reparación jurídica, dejando sin sustento los crímenes cometidos. González denunció el golpe de Estado el 10 de enero de 2025, una acción tardía que omitió el período crítico desde julio, debilitando su legitimidad ante tribunales internacionales.
No se ha impulsado un movimiento legal que agrupe a las víctimas como un colectivo afectado por el golpe, ni se ha establecido una comisión de la verdad con expertos en derechos humanos, académicos o magistrados del TSJ en el exilio, pese a múltiples llamados, incluidos los del autor. Esta ausencia de acción, percibida por algunos como intencional, plantea dudas sobre las prioridades estratégicas de la oposición. Influenciada por el legado de Juan Guaidó y partidos conservadores internacionales, la oposición ha politizado la crisis, presentando a Venezuela como una “democracia defectuosa” en lugar de un Estado de facto. Esta narrativa, que privilegia el fraude electoral sobre la inexistencia de un Estado de derecho, ha perpetuado la ambigüedad internacional, permitiendo a Maduro negociar con actores globales mientras reprime a su pueblo.
La dictadura híbrida de Maduro: elecciones falsas y cooptación
El modelo político de Maduro, descrito como una dictadura híbrida por autores como Steven Levitsky y Lucan A. Way (Competitive Authoritarianism, 2010), combina elecciones falsas con prácticas autoritarias para proyectar legitimidad democrática. Los comicios del 28 de julio de 2024 y los programados para el 25 de mayo de 2025 son ejemplos de esta simulación, diseñada para neutralizar la alternancia en el poder (Corrales, Autocracy Rising, 2023). Maduro cooptó sectores de la oposición, permitiéndoles gobernar en zonas privilegiadas como Chacao, Baruta o Nueva Esparta, siempre bajo su control central, lo que crea una ilusión de pluralismo (Diamond, Facing Up to the Democratic Recession, 2015).
La candidatura de González, surgida tras la exclusión de María Corina Machado y aceptada por el régimen y la oposición, refleja la manipulación de Maduro. Aunque honorable, González fue un producto de las dinámicas impuestas por el régimen, que utiliza a la oposición para legitimarse. El cambio en el discurso de Machado, quien denunció el golpe en agosto de 2024 pero luego moderó su narrativa, evidencia cómo Maduro neutraliza voces opositoras, perpetuando un “ajedrez de jugadas maestras” que desarticula la resistencia.
La política de EE UU y el contexto geopolítico
La política de Estados Unidos hacia Venezuela refleja tensiones entre intereses energéticos y principios democráticos. El arancel de 25% sobre importadores de petróleo venezolano (24 de marzo de 2025) busca presionar a Maduro, pero la extensión de la licencia de Chevron prioriza el acceso al crudo. La deuda venezolana con China (60.000 millones de dólares), originada en préstamos entre 2007 y 2013, revela una estafa financiera bajo Chávez, quien dilapidó fondos en programas clientelistas y pagó 3.000 millones de dólares al FMI y al BM en 2007, endeudando al país con China por una suma exponencialmente mayor. Este esquema, perpetuado por Maduro, hipotecó recursos estratégicos, agravando la crisis petrolera actual, con una producción de menos de 1 millón de barriles diarios frente a un potencial de 6 millones.
La migración y la ambigüedad internacional
La migración venezolana, con cerca de 1 millón de personas en Estados Unidos desde 2021, ha sido instrumentalizada por Maduro. La mezcla de perseguidos políticos y migrantes económicos, junto con la presunta infiltración de delincuentes, ha estigmatizado a la diáspora, complicando su defensa. La negación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, pese a la clasificación de Venezuela como nivel 4 de inseguridad, expone a opositores a riesgos mortales al ser deportados. Esta contradicción refleja la ambigüedad internacional, exacerbada por la incapacidad de González de articular la ruptura constitucional como el eje de la crisis, permitiendo a Maduro explotar su imagen de negociador en la crisis migratoria y petrolera.
Conclusión
La extensión de la licencia de Chevron simboliza las contradicciones de la política de Estados Unidos, atrapada entre el pragmatismo energético y la lucha contra la dictadura de Maduro. El fracaso de la oposición, liderada por Edmundo González, para definir el 28 de julio de 2024 como un golpe de Estado institucional ha perpetuado la percepción de Venezuela como una “democracia cuestionada”. La dictadura híbrida de Maduro, con elecciones falsas y cooptación opositora, explota esta ambigüedad, mientras 7,8 millones de migrantes huyen y la represión se intensifica. La imagen de González en foros internacionales, inicialmente inspiradora, se ha vuelto irrelevante, lo que refleja una oposición incapaz de liderar. Los venezolanos deben construir una narrativa unificada y un liderazgo interno para superar esta crisis, reconociendo que la solución no vendrá de actores externos, sino de su propia determinación para restaurar la democracia.
El presente artículo es el resumen de un ensayo que puede ser leído completo en este link.
