El gobernador de Florida, Ron DeSantis presentó este lunes un plan migratorio ante el gobierno del presidente Donald Trump, que incluye utilizar a miembros de la Guardia Nacional de Florida como jueces para así “agilizar el procesamiento legal de inmigración”.
Durante una conferencia de prensa en Tampa, DeSantis destacó que actualmente hay 100 agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) designados como alguaciles adjuntos del Servicio de Marshals, gracias al acuerdo 287(g), que les da la capacidad de ejecutar órdenes judiciales federales y “remover a extranjeros criminales peligrosos”.
“Lo que tenemos ahora con la FHP es que ellos pueden realizar operativos migratorios de manera completamente independiente al Gobierno federal, y no hay nadie más en el país donde estén haciendo eso”, afirmó DeSantis.
Florida has led the nation on immigration enforcement, and we’re ready to do even more. We’ve submitted a plan to the federal government to contribute new detention facilities and expanded apprehension efforts to their ongoing mission to reclaim America’s sovereignty.
Under my… pic.twitter.com/Y8DyvBIqNK
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 12, 2025
Como parte de su plan, el gobernador citó la “Operación Marea Negra”, un operativo migratorio desarrollado en un solo estado, que fue posible gracias a la colaboración entre siete agencias locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), entre el 21 y el 26 de abril, en donde se arrestaron a 1.120 inmigrantes.
A su vez, el gobernador reveló que también planea colaborar con el gobierno federal en la creación de nuevos centros de detención para migrantes y aumentar las aprehensiones.
En este contexto, espera que “Florida sea el nuevo líder en la lucha para aplicar la ley inmigratoria”.
Es importante destacar que uno de cada cinco residentes en Florida es inmigrante, lo que equivale a alrededor de 5 millones de personas nacidas en otros países, según American Immigration Council.
A pesar de esto, DeSantis ha promovido leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen sanciones económicas significativas, llegando hasta los 5.000 dólares, así como suspensiones o destituciones para funcionarios que no cumplan con estas normativas.
