El procurador general interino de Argentina, Eduardo Casal, solicitó el jueves a la Corte Suprema de Justicia que incorpore el delito de asociación ilícita a la causa por la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015), en el marco de la investigación por corrupción en la adjudicación de 51 obras públicas durante sus mandatos.
Actualmente, Fernández tiene una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, de prosperar el pedido de Casal —quien respaldó la apelación del fiscal de Casación, Mario Villar— la pena podría ascender a 12 años de prisión.
Cristina Fernández podría recibir hasta 12 años
Casal señaló que los tribunales inferiores incurrieron en un artificio al considerar las irregularidades como un único hecho, cuando en realidad, según su dictamen, existió una estructura organizada y prolongada en el tiempo. "No hay justificación para acudir a ese artificio cuando se trata de la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción", sostuvo.
En su opinión, la figura de asociación ilícita no se ve anulada por el hecho de que existiera un solo plan: “Que la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna”, argumentó.
Ahora, la Corte Suprema deberá definir si hace lugar al planteo de Casal y reenvía el caso a la Cámara de Casación para un nuevo fallo, o si deja firme la condena actual. El máximo tribunal no tiene plazos para pronunciarse, aunque primero deberá resolver la recusación contra uno de sus miembros, el juez Ricardo Lorenzetti, presentada por la defensa de Fernández, que cuestionó su “imparcialidad, independencia e integridad”.
En caso de confirmarse la condena con una pena agravada, Cristina Fernández, de 72 años de edad, podría cumplirla bajo arresto domiciliario, de acuerdo con los beneficios previstos en la legislación argentina para personas mayores. Su defensa ya adelantó que, de agotarse las instancias locales, acudirá a tribunales internacionales.
