La costumbre ha impuesto que los 100 primeros días de un gobierno son un momento adecuado para hacer un análisis situacional con el fin de permitir al público una evaluación temprana del rumbo que se va tomando.
Aun cuando el plazo es breve, la divulgación de los logros obtenidos y la renovada promesa de alcanzar lo prometido en la campaña política convierten a esta ocasión en una temprana rendición de cuentas, lo cual es, sin duda, conveniente para la promoción de un ambiente participativo y por ende democrático.
No sabemos cuándo nació ese ritual, pero se dice que fue el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt quien a inicios de su primer período en 1933, en medio de la fuerte crisis económica que comenzó en 1929, anunció su propósito de promover un marco legislativo que diera forma al régimen del “New Deal” que él proponía. Para ello era necesario que el Congreso aprobara un amplio paquete de leyes destinado a promover la transformación del país. Así fue como en el balance presentado a los 100 días Roosevelt pudo dar cuenta de la aprobación de 15 leyes fundamentales que generaron el ímpetu necesario.
Entre dichas leyes anunció la de Recuperación Industrial; la creación de la Securities Exchange Commission (SEC), destinada a regular y vigilar a las sociedades mercantiles; la creación de la First Deposit Insurance Corporation (FDIC), que asegura al público la restitución de sus saldos bancarios en caso de falencia de algún banco, la creación de la Tennessee Valley Authority, encargada de construir la mayor represa hídrica de la historia, etc. Poco tiempo después, ya en su segundo período, siguió la Ley del Seguro Social que hasta el día de hoy garantiza el pago de pensión a los jubilados, etc.
En contraste, el presidente Donald Trump no ha conseguido hasta el momento la aprobación de ninguna ley y por ello ha preferido gobernar por decretos (Executive Orders) que han enfrentado numerosas sentencias judiciales posponiendo o suspendiendo los efectos de los mismos como ha sido el caso de las deportaciones, los despidos sin causa de funcionarios federales de carrera y, los TPS (protección temporal migratoria) que venían beneficiando a los venezolanos y otras más que opacan la percepción más positiva que desearía el presidente. Ello parece reflejarse ya en algunas encuestas recientes.
En todo caso, tanto con la confirmación como el rechazo de las nuevas iniciativas se han producido a escala mundial consecuencias que dan cuenta del impacto del quehacer norteamericano a nivel planetario, como lo ocurrido con las pronunciadas subidas y bajas en las bolsas, las ventas nerviosas de los Bonos del Tesoro norteamericano y el caos originado por la imposición unilateral de mayores aranceles de importación manejados con criterios en colisión con la costumbre y las normas mundiales para el comercio.
Lamentamos que dentro de este panorama mundial nuestro país esté “del lado malo” y por ello Venezuela esté siendo marginada del circuito democrático liberal que, no se puede negar, está recogiendo adhesiones en esta época .
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