La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron la anulación "arbitraria e ilegal" de pasaportes a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas en Venezuela, y exigieron su restitución de manera inmediata.
De acuerdo con información obtenida por la CIDH, al menos 40 personas han sido víctimas de la anulación de sus pasaportes. Esta práctica, indicó el organismo en un comunicado publicado este martes en su página web, forma parte de una estrategia sistemática del régimen de Nicolás Maduro para amedrentar y silenciar voces críticas, "en particular aquellas que denunciaron los abusos y la falta de transparencia en torno a la elección presidencial del 28 de julio de 2024".
"Las personas afectadas no han recibido notificación oficial alguna sobre la anulación de sus pasaportes, ni sobre la motivación o el fundamento legal de la medida. En la mayoría de los casos, han tomado conocimiento de la anulación al consultar el estado de su documento en la página del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime); en otros, la información les ha sido comunicada por funcionarios de dicha institución en los aeropuertos, al momento de viajar dentro o fuera de Venezuela".
La CIDH señaló que el temor a sufrir nuevas represalias, como detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas, ha llevado a que muchas de estas personas se abstengan de acudir a las autoridades a pedir una explicación por la anulación de su documento o decidan abandonar el país por pasos irregulares.
El organismo internacional señaló que estos actos constituyen una forma de represalia por la defensa de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política. Además, generan temor, "una sensación de vigilancia constante y afectan gravemente derechos fundamentales como la libertad de circulación, la vida familiar, el trabajo y la integridad personal. Además, generan un efecto inhibidor que impide a las personas continuar con sus actividades de denuncia".
Ante ello, la CIDH pidió al Estado venezolano restituir, de manera inmediata, estos documentos de identidad que permiten viajar, trabajar, llevar una vida en familia, acceder a servicios de protección internacional, entre otras cosas, y cesar las prácticas represivas destinadas a sembrar temor en la población civil.
También, instó a los países de la comunidad internacional a activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela, así como promover mecanismos y acuerdos que reconozcan documentos vencidos o anulados arbitrariamente por el régimen, y que les permitan el ejercicio de todos derechos.
