El acto de mentir compulsivamente es el menor de los pecados de Gustavo Petro. Quizá es el más frecuente y por ello uno de los más visibles, pero no el más protuberante ni el más grave.
La sola observación del comportamiento público del presidente en las últimas semanas deja a cualquier observador enormemente anonadado y por supuesto que inquieta mucho más al conglomerado colombiano que tiene que deplorar que el colectivo nacional esté sometido a los designios de una persona aquejada de severos problemas conductuales.
No es preciso ser psicólogo para percatarse de la existencia de algunas distorsiones de conducta en el quehacer diario presidencial: estas son demasiado protuberantes y cada vez más frecuentes. Pero desde la distancia resulta imposible aquilatar en una justa medida cuánto de sus actuaciones se debe a rasgos inexplicables de su personalidad y cuánto a componentes clínicos que no manejamos.
Pero ocurre que quienes si son autoridades en estas materias han comenzado a pronunciarse. Vemos ahora a profesionales discurrir sobre el hecho de que la conducta del presidente no revela simples incoherencias y desatinos menores, sino que es signo de psicopatías de gravedad. Estos aseguran que de lo que se trata no es de descalificar y hacer daño a la persona en cuestión, sino de evitar que ella haga daño a la colectividad que le ha sido confiada en administración.
Las opiniones de Laureano Chileuitt, neurocirujano de la Universidad Javeriana, quien ha conducido un estudio con otros científicos sobre la personalidad de Gustavo Petro, son graves y su gravedad se catapulta a niveles superlativos cuando de quien se trata es de la máxima magistratura del país. El llamado de los especialistas es a una actuación sensata de parte del conglomerado nacional y de los políticos que son quienes, en primera instancia, deben emprender acciones de corrección y de salvaguarda frente al peligro. Según ellos, es preciso obligar al mandatario a someterse a exámenes físicos, psiquiátrico, neurológico y toxicológico, para determinar su capacidad de manejar al país. Ello permitiría disponer de una base científica que conduzca a un fin jurídico formal.
No es posible, por otro lado, mirar con desdén la carta que le envió al presidente quien fuera una persona digna de su confianza, tanto como para encargarle el manejo de las relaciones externas del país. No parece existir alevosía ninguna en las aseveraciones del excanciller Alvaro Leyva y por ello sus observaciones son enormemente graves. En una carta de veinte párrafos recibida en el Palacio de Gobierno el 22 de abril, el funcionario, quien conoce las interioridades del régimen -estuvo dos años en el cargo- hace tenebrosas revelaciones sobre lo que él considera las adicciones, ansiedades y depresiones presidenciales y sobre episodios deplorables que fueron evidentes en viajes de la Presidencia de los que Leyva fue testigo.
Lo que ha salido a relucir en estos días en cuanto a la evidencia pública de estas desviaciones conductuales es realmente trágico, por tratarse de quien se trata, por las altas responsabilidades que concentra, por la investidura de que goza frente a terceros y por la posibilidad de infligir daños de gran calado a la sociedad colombiana en su conjunto. Ya no es posible banalizar el asunto.
Lo que el país hermano está experimentando no deriva de una debilidad personal de un ser anónimo. Estamos frente a un asunto de seguridad nacional que reclama acción del país entero. Colombia debe pasar del lamento a los hechos. La solución no es inhibirse de actuar.
