“Tenías que hacerte amigo de un compañero de celda loco, ¿verdad? ¿No podías limitarte a contar las baldosas del techo o a domesticar un ratón como hacen los prisioneros normales?”. Cassandra ClareEs difícil que un algún gobierno acepte la existencia de presos políticos. Lo vemos en esta Tierra de Gracia, el régimen tiene sus presos políticos, pero no solo los niega, hace alarde de una inusitada defensa de los derechos humanos de presos enviados a El Salvador, sin aceptar canjearlos por los que tiene acá tras las rejas por motivaciones políticas. Estemos claros, en la cuarta también los hubo, y antes, muchos más, encarcelados por ir en contra del status quo por disposición de quien detentara la silla de Miraflores. Hoy, con régimen tan prolongado, hay presos políticos de vieja data, incluso, olvidados por muchos que están en las llamadas luchas por los derechos humanos, recordados cuando se hace mención del caso Anderson, porque de ellos casi nadie, por no decir nadie, habla. Me refiero a Rolando, Juan Bautista y Otoniel Guevara, cuya identificación se ha reducido a “Caso de los Hermanos Guevara” http://bit.ly/1dmXeiL, otra etiqueta que diluye en el imaginario venezolano sus identidades.
No es la primera vez que me refiero a ellos, les he dedicado varias de mis columnas, en las que vengo afirmando que son inocentes, como se ratificó el pasado martes 22 de abril de los corrientes, en la Audiencia Pública celebrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Haciendo memoria, Rolando y Otoniel tuvieron un acoso policial desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, siendo investigados por su presunta participación en varios delitos en contextos que, como se supo a posteriori, eran hechura del régimen. Toda una trama o montaje urdido por la actuación de ellos, contraria a los intereses de los golpistas del “por ahora”, desplegadas aquel 4 de febrero y que fue la razón verdadera por la cual finalmente fueron secuestrados, torturados, procesados ilegalmente y sentenciados a la pena máxima de presidio en Venezuela, con el uso de testigos falsos tarifados, quienes más tarde admitieron haber declarado por dinero, guion en mano, y con la tutela de otro con ínfulas de poeta que hacía de fiscal general de la República. Método que se conoce en el derecho como falso positivo.
En las conclusiones de un reportaje, la periodista Ana Rodríguez Brazón, del diario El Carabobeño, titulado: “Después de 10 años el caso Anderson no está cerrado”, dice: “…para la actual fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, no existe impunidad, pues los hermanos Guevara están presos y los intelectuales tienen orden de captura; sin embargo, en febrero de 2013, por sentencia de la Sala Constitucional se decidió que Mezerhane y dos personas más vinculadas con el asesinato no serían investigadas”. Hechos que adquieren mayor gravedad, visto que Giovanni Vásquez, el testigo estrella del Caso Anderson, no solo fue catalogado de mentiroso, estafador y sinvergüenza, sino que se demostró que lo era, como lo evidenció la periodista María Angélica Correa en la audiencia de la Corte IDH. Desde la primera vez que la Fiscalía, mejor dicho, desde que Isaías Rodríguez lo presentó en público, mostró que lo dicho por él era poco menos que una mentira, con un agravante, él mismo, el testigo estrella, confesó públicamente que lo utilizaron para que mintiera. Con ello profundizó lo contradictorio que resulta el prolongado presidio que están pagando los Hermanos Guevara a causa de una burda trama política, develada una y otra vez, incluso, con la posverdad del régimen.
Para que mejor conste lo injusto del presidio de los Guevara, el régimen no hizo presencia en la audiencia del 22 de abril de los corrientes, llevada a cabo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sesión virtual de gran relevancia, en el caso Guevara Rodríguez y otros vs Venezuela. La audiencia contó con la activa participación de la Dra. Jackeline Sandoval, representante legal de las víctimas Rolando, Otoniel y Juan Bautista Guevara, quien presentó una sólida defensa basada en pruebas documentales y testimonios directos, que no admiten argumentos en contrario, por su contundencia, o sea, irrebatibles, lo cual explicaría la ausencia del régimen, mejor dicho, de Larry Devoe, en esa cita tan comprometedora.
La audiencia estuvo presidida por un panel de magistrados destacados de la Corte IDH, quienes dirigieron preguntas incisivas tanto a los testigos como a la representación de las víctimas. En términos generales, sus interrogantes se centraron en esclarecer las circunstancias de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura sufridos por las víctimas, la falta de órdenes judiciales en los arrestos, y la ausencia de un debido proceso legal conforme a los estándares internacionales. También abordaron la impunidad y la falta de investigaciones efectivas por parte del Estado venezolano, así como la necesidad de reparar integralmente las violaciones cometidas.
Los testimonios de María Angélica Correa y Hernando Contreras fueron fundamentales para contextualizar y profundizar en los hechos denunciados. María Angélica Correa, quien ha sido una voz crítica sobre las irregularidades en el proceso judicial contra los hermanos Guevara, aportó detalles sobre las inconsistencias y contradicciones en las pruebas presentadas durante el juicio, señalando que algunos testimonios clave fueron falsos o manipulados para sostener acusaciones infundadas. Por su parte, Hernando Contreras, exfiscal del caso, confirmó las irregularidades, reveló que los dos únicos testigos recibieron pagos por sus declaraciones y explicó con detalle las circunstancias que rodearon el proceso, incluyendo la presión y el interés político detrás de las detenciones y condenas. Ambos testigos destacaron la falta de garantías judiciales y la violación sistemática de derechos humanos, aportando evidencia que refuerza las demandas de las víctimas.
La Dra. Jackeline Sandoval, abogada y representante de las víctimas, expuso con claridad y contundencia las violaciones cometidas por el Estado venezolano. Señaló que las detenciones de Juan Bautista Guevara Rodríguez, Rolando Jesús Guevara Pérez y Otoniel José Guevara Pérez en noviembre de 2004 fueron ilegales y arbitrarias, realizadas sin órdenes judiciales y acompañadas de torturas para obtener confesiones relacionadas con la muerte del fiscal Danilo Baltazar Anderson. La Dra. Sandoval denunció la falta de investigación efectiva, el archivo injustificado de las denuncias por tortura y desaparición forzada, y la utilización de procedimientos judiciales para dar una apariencia de legalidad a las detenciones. Asimismo, exigió medidas de reparación integral que atiendan las graves secuelas físicas, psicológicas y sociales derivadas de estos hechos, tras 20 años de injusto presidio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte acusadora, reafirmó la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones constatadas. En su intervención, la Comisión destacó que el caso representa una grave vulneración de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a un juicio justo, y a la protección judicial. Además, enfatizó que la ausencia de la representación del Estado venezolano en esta audiencia evidencia la falta de voluntad para enfrentar sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos.
El caso de los hermanos Guevara simboliza la persistente lucha por la justicia y la libertad frente a un sistema judicial venezolano marcado por la falta de independencia y graves violaciones a los derechos humanos. Tras dos décadas de encarcelamiento, múltiples organismos nacionales e internacionales han documentado que su detención y condena estuvieron plagadas de irregularidades procesales, uso de testigos falsos y presiones políticas, como quedó demostrado en la reciente audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La defensa ha presentado pruebas contundentes sobre la ilegalidad de las detenciones, la tortura sufrida y la manipulación de los procedimientos judiciales, mientras que la ausencia del Estado venezolano en la audiencia reafirma su desdén por los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
A pesar de que el sistema penal venezolano contempla fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, como la redención judicial por trabajo y estudio, los hermanos Guevara no han podido acceder a estos beneficios procesales debido a la instrumentalización del Poder Judicial y la falta de garantías mínimas de debido proceso. La Corte IDH, al asumir el caso, representa una esperanza concreta de justicia y reparación integral para los Guevara, quienes, siendo inocentes según la evidencia presentada, continúan privados de libertad por motivos políticos.
La audiencia internacional no solo ha visibilizado la injusticia sufrida por los hermanos Guevara, sino que también ha puesto en tela de juicio la estructura misma del sistema judicial venezolano. La decisión que tome la Corte IDH será crucial, no solo para su libertad y reparación, sino como precedente para la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial en Venezuela. La voz de libertad que hoy se escucha en la Corte Interamericana es el eco de una exigencia histórica: que se haga justicia y se ponga fin a la impunidad en casos emblemáticos como el de los hermanos Guevara.
