I Ciadi revalida acción jurídica de Próspera ante acción del gobierno de Honduras
El gobierno de Xiomara Castro desde su llegada al poder (2022); ha tenido una manera de gobernanza contraria con las equipolencias que deberían ser las estructuras del poder en relación con alcanzar la disminución de los problemas sociales; y por el contrario, en vez de buscar acercamientos para el diálogo con los empresarios y organizaciones que fundamentan el desarrollo económico; sus acciones, incluso han derivado que importantes grupos hayan demandando a Honduras ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), al incumplirse por parte del Estado, acuerdos previos en materia constitucional y de tratados internacionales, algunos de ellos, incluso con validez hasta por 50 años, como el caso de los firmados con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que ahora con algunos subterfugios – inconstitucionales – han pretendido ser desconocidos por el gobierno zelayista.
Así, las ZEDE que comenzaron operaciones económicas y productivas en 2020 – en plena pandemia del Covid-19 –, y en especial el grupo Próspera, el cual luego de haber generado inversiones – la más reciente con un importante grupo financiero de cripto-activos – en este lustro por unos 300 millones dólares, y con ello, miles de empleos, se vieron en la obligación de interponer un recurso ante el Ciadi, con la finalidad no sólo de salvaguardar cuantiosas inversiones en el presente, sino en sus valores absolutos hacia el futuro; razón por la cual, estas acciones, legítimas por parte del grupo empresarial, en vez de haber generado plataformas de entendimiento desde el gobierno que preside Xiomara Castro; lamentablemente, lo que hicieron fue ir en contracorriente; y hasta buscaron que el Ciadi desistiera sin éxito de tal recurso jurídico {1}, alegando entre otras preponderancias, que Próspera no habría “agotado” las instancias administrativas y jurídicas internas para la solución de un conflicto que, irónicamente fue generado por el Poder Ejecutivo.
Así, en reciente respuesta al gobierno de Xiomara Castro, el Ciadi no sólo ratificó la acción de Próspera, sino que ha dejado con tal decisión, sin efecto, cualquier medida que dispongan de manera interna las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales en este gobierno; porque las mismas, además de estar en relación con este caso de las ZEDE, en absoluta violación constitucional, al aplicarse contra ellas, una decisión de corte retroactivo, y así lo entiende el organismo internacional en la resolución de estos conflictos; es porque, tampoco de habilitaron las vías que precisamente en lo administrativo y jurídico, debieron haber soportado las posibles diferencias, o supuestas “violaciones a la soberanía”, tan invocadas por el zelayismo; y más aún, cuando la controvertida decisión “constitucional”; partió de una demanda por parte de una institución universitaria (2021), alegando que las ZEDE estarían en condiciones de “usurpación educativa”, es decir, que hasta la “decisión jurídica” en si misma, resultó de una extralimitación en el plano de la propia Constitución y las leyes, sin menoscabar que el derecho a la defensa de la organización internacional, también se tradujo, como efecto de una acción sin jurisprudencia, o sea, sin ninguna consistencia histórica-jurídica que pudiera ser aplicada como mecanismo de prueba, ni en lo que se intentó señala en el plano de la educación, –con apenas un año en operaciones- y menos que sobre tal hecho, haya habido connotaciones significativas y reales que hayan trastocado violaciones intraterritoriales, cuando las ZEDE por la propia Constitución son parte del territorio, siendo las actuales autoridades de Honduras, quienes han pretendido desconocer semejantes características establecidas en sus estructuras político-administrativas.
II Xiomara Castro y Rixi Moncada, las grandes derrotadas ante el Ciadi
Ante la decisión del Ciadi; no es el pueblo de Honduras el derrotado por tales acciones jurídicas; porque la mayoría de la población de la nación centroamericana ha logrado comprender tanto de palabras como de acciones, los múltiples beneficios que las ZEDE han generado en sus millonarias inversiones, y con beneficios directos e indirectos, tanto en empleos como en producción económica, y por ende, en bienestar social.
De hecho, las ZEDE como Próspera además han construido escuelas bilingües, y se han convertido en centros de actividades culturales, valorando no sólo los aspectos de identidad nacional e idiosincrasia de las comunidades originarias, sino que Próspera ha elevado el sentido de la educación y la cultura, estableciendo un gran centro de ciencia e investigación biotecnológica en alianza con Infinity City, otra organización que a través de una planificación acertada está confluyendo hacia Honduras, un mayor número de inversiones, desde aguas abajo, con una máxima de emprendimientos, también fortalecidas por importantes empresarios internacionales quienes han encontrado en ese proyecto, un número ilimitado de oportunidades en las áreas de turismo, producción agrícola e industrial, servicios asistenciales, actividades financieras, inmobiliarias, y hasta de innovaciones científicas, conformando un escenario ideal, que rodeado de bellezas naturales, no sólo extienden el concepto de ZEDE, sino que en el caso de Próspera se refiere a una gran connotación geopolítica de integración latinoamericana desde Honduras – contrario a cualquier violación de “soberanía”, porque fortalece, precisamente la ampliación de ese concepto – que a su vez, se fortalece hacia las orientaciones que la nueva administración del gobierno de Estados Unidos del presidente Donald Trump, buscaría con el propósito no sólo de reducir fenómenos sociales como la emigración, sino de equilibrar las potencialidades del continente.
En este contexto, Xiomara Castro y su gobierno, secundado por Rixi Moncada – actual candidata del partido oficialista – saben perfectamente que la decisión del Ciadi, solo las coloca en una posición de iniciar diálogos conciliatorios, más aún, cuando el principal socio comercial de Honduras sigue siendo Estados Unidos; y la consecución de los lineamientos empresariales de Próspera se encuentran articulados con las directrices de producción y negociación norteamericana en beneficio de las particularidades de Honduras, y siempre bajo el respeto de la constitucionalidad y los tratados internacionales; eje que hasta la presente se ha mantenido incólume en la ampliación y desarrollo de organizaciones como Próspera, que pese a los obstáculos ha visto multiplicar las inversiones, y sus beneficios económicos y sociales extendidos hacia la población.
Por ello, las únicas derrotadas en la decisión del Ciadi de revalidar la acción jurídica de Próspera, han sido Xiomara Castro y Rixi Moncada; la primera como actual mandataria y protagonista absoluta en haber iniciado un inconstitucional proceso contra las ZEDE; y la segunda, porque en vez de encontrar fórmulas o caminos que procedan a fortalecer las inversiones foráneas en Honduras, mantiene un discurso de culpabilidades sobre la mayoría de los empresarios; dejando en evidencia que sus decisiones sólo buscan la innecesaria confrontación política y con inseguridad jurídica que termina por agravar los problemas sociales. ç
Honduras requiere entendimiento para avanzar en proyectos que iniciados como los de Próspera solo generan inversiones, empleos y desarrollo económico. Por ahora, mientras organizaciones como Próspera siguen avanzando; Xiomara Castro y Rixi Moncada deberían preguntarse: ¿Será el momento de rectificar errores, o continuar en un camino de equivocaciones? El Ciadi ha hecho una primera advertencia.
@vivassantanaj_
{1} https://ciarglobal.com/honduras-pierde-el-intento-para-evitar-el-arbitraje-ciadi-por-las-zede/
