El próximo 15 de marzo se cumplirán 3 años del último aumento al salario mínimo decretado por el gobierno nacional: 130 bolívares digitales mensuales que entonces eran equivalentes a 30 dólares. El monto ha permanecido incólume, con la única diferencia de que hoy corresponde a 1,64 dólares mensuales.
Como bien sabemos, nuestra economía está dolarizada al condicionar los precios del mercado, a pesar de que el dólar BCV (tasa oficial) registra un valor de 65,42 bolívares digitales, también conocemos que el dólar libre es el patrón que señala los precios de los productos al público, indicando la cifra de 79,11 bolívares digitales, cuya proyección apunta a una devaluación aún mayor en los próximos días.
Durante estos tres años el régimen ha inventado toda suerte de piruetas para evadir su responsabilidad establecida en el artículo 91 de la Constitución y los acuerdos fijados en el contexto de la Comisión de Encuesta de la OIT, estableciendo con el sector empresarial la aplicación de bonos prácticamente en sustitución del salario legal / formal / constitucional que han llamado “Ingreso económico integral indexado”, vendido como un gran logro en todas las instancias nacionales e internacionales, el cual está siendo aplicado en la administración pública bajo la mención de Bono contra la Guerra Económica (BGE), y el término de remuneración en el sector privado (Empleadores). (Carbone S, 2024).
Pero veamos las consecuencias de esta nefasta política laboral al sustituir el concepto salario por ingreso en el poder adquisitivo del trabajador, pretendiendo presentar que el bono de guerra o de remuneración de 90 dólares como una gran conquista laboral, cuando en realidad determina la flexibilización absoluta de la remuneración del trabajador, como se podrá observar con el pago de las utilidades o aguinaldos en el siguiente ejemplo.
Veremos que un trabajador del sector público con un salario mensual de 3,50 dólares solo recibió por 4 meses de utilidades la cantidad de 14 bolívares, ya que lo percibido por bono de guerra no se computa como salario, igual consideración se aplica para el pago de horas extras, vacaciones o permisos contractuales por enfermedad, porcentaje de primas profesionales, etc.
En el caso del sector público el drama es mayor al imponer el Ejecutivo la resolución administrativa 2792 desde 2018, cuando se suspendieron indefinidamente las discusiones de los contratos colectivos en la administración pública nacional y territorial, atropello acentuado con la aplicación del Instructivo Onapre desde 2022 que determina el desmantelamiento de las primas específicas al sector.
La síntesis de lo que puede ser llamado un genocidio contra el salario del trabajador se visualiza en el recibo de pago al momento de las deducciones, cuando a un funcionario deben deducirle de su salario mínimo de 130 bolívares 4% de SSO; 0,5% de Paro Forzoso; 1% del Fondo de Vivienda, le quedará una cantidad de 122,85, que variará con la suma de las primas devaluadas por el Instructivo Onapre ya citado.
En el sector privado la situación es diferente al observarse las encuestas de Conindustria para el tercer trimestre 2024, donde se identifican remuneraciones mensuales promedio de 223 dólares para los trabajadores, de 437 dólares para profesionales y técnicos y mas de 1.000 dólares para los gerentes. Pero bien sabemos que estas remuneraciones son insuficientes para adquirir las canastas básicas de bienes y servicios.
Ante este desequilibrio en las remuneraciones entre el sector privado y el menguado sector público cabe agregar que el régimen incansable en sus políticas de expoliación laboral, continúa metiendo mano con los impuestos en los bolsillos de los trabajadores públicos y privados, los pensionados y jubilados por ej. el del IVA, la alícuota vigente del IVA está fijada en 16%, a una población diezmada sin servicios públicos que mejoren su calidad de vida, por el contrario, la han llevado a la prehistoria.
Ante esta debacle laboral tiene la palabra, en primer lugar, la OIT que desarrolla actualmente -del 10 al 20 de marzo- la 353.a reunión del Consejo de Administración en Ginebra. En el Octavo punto del orden del día indica el Análisis de la evolución relativa a la plena aplicación por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela del plan de acción acordado a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones de la comisión de encuesta respecto de los Convenios núm. 26, 87 y 144. Debemos agregar que desde 2022 se han realizado 4 foros de diálogo social en nuestro país cuyos resultados han sido ignorados por el régimen.
Consecutivamente le corresponde a las centrales sindicales CTV, ASI, CGT, señalar los próximos pasos ante esta situación de indefensión y de precariedad continua que se ha extendido para todos los sectores laborales, los trabajadores activos, los pensionados, jubilados, los desempleados que deambulan en un país en desconcierto y sin futuro, por la gestión de un régimen irresponsable e incapaz de dar cumplimento a derechos contenidos en la norma legal.
En ese contexto son inaceptables las excusas de los voceros del régimen en torno a su supuesta incapacidad de aumentar el salario por las sanciones, cuando recientemente publicitaba cifras positivas de crecimiento económico e ignoraba la miseria del trabajador.
