Cuando revisamos las sanciones económicas, realizadas durante el anterior gobierno de Donald Trump, se podría pensar que la renovación de ellas es una versión amplificada o 2.0, pero lo cierto es que con la revocación de la Licencia Operativa a la empresa multinacional Chevron se alcanza otro nivel más elevado, que cambia por completo con la implementación de sanciones secundarias a otros países.
No es exagerado pensar que la salida de Chevron y después de las demás empresas petroleras que aún funcionan en Venezuela tiene un efecto devastador para las finanzas públicas, puesto que si 85% de los ingresos fiscales de exportación de la nación vienen del petróleo y 40% de las importaciones nacionales se liquidan con recursos líquidos de dicha empresa estadounidense, es fácil deducir que estamos a las puertas de una megadevaluación, que podría enloquecer a buena parte de las clases populares que no van a poder aguantar un aumento de precios de estas dparasiones, en una sociedad ya por si, muy empobrecida, que ya tiene un enorme ajuste de sus condiciones de vida cotidiana.
Hoy, con un precio referencial que pasa de niveles poco sostenibles a unos exponencialmente muy elevados para más de 90% de los ciudadanos, es cuestión de días para que el gobierno nacional asuma medidas drásticas que van desde la eliminación de más ceros hasta la solución final de terminar dolarizando de derecho, pues de hecho ya la economía nacional está dolarizada, lo cual implicaría grandes repercusiones en la moral pública y la propaganda oficialista.
Pensar que Chevron va a cerrar sus actividades, para que empresas de otros países lo hagan, es una ingenuidad monumental, pues lo cierto del caso es que el objetivo final de estas sanciones sería cerrar todas las empresas petroleras en Venezuela, lo que incluye cancelar todas las licencias y destruir financiera y corporativamente a las que desafíen al Departamento de Estado de Marco Rubio.
La total paralización de todas las petroleras de origen extranjero, más la persecución implacable a todas las empresas nacionales o que finjan serlo que presten servicios de mantenimiento y suministro de insumos, es una estrategia de desmantelamiento progresivo de la actividad petrolera en Venezuela que pueden destruir las finanzas públicas y con ello, generar una crisis de inviabilidad económica muy difícil de soportar, ante el derrumbe inminente del resto de la economía nacional, ante la caída de las importaciones y el aumento considerable de los costes de los bienes y servicios importados que lleguen a Venezuela y se pretendan vender en bolívares.
Este es el panorama real que muchos observadores financieros y políticos están observando para el mes de mayo 2025, de producirse la salida de Chevron y el cierre forzado de las demás empresas petroleras por la presión del Departamento del Tesoro estadounidense.
Por tal razón, si el gobierno nacional está pensando negociar para evitar esta hecatombe social y económica debe hacer entender a sus personeros más radicales que el coste financiero, económico y político que le va a imponer la administración Trump va a ser muy amplio y radical y puede ir desde la liberación de todos los presos políticos, la entrega de todos los partidos políticos intervenidos por el TSJ a la Plataforma Democrática, la repetición de elecciones presidenciales, con observadores estadounidenses, la recepción de decenas de miles de emigrantes calificados de delincuentes peligrosos y la deportación hacia Estados Unidos de figuras políticas muy conocidas, que serán las cabezas a mostrar ante los círculos opositores de Florida.
No entender la gravedad de la situación, o tomar la decisión de "luchar sin importar el final", implica a su vez comprender que Venezuela no es Corea del Norte, donde 3,5 millones de ciudadanos murieron de hambre en el gobierno de Bill Clinton, como cuota de sacrificio del gobierno norcoreano, por no negociar el programa de armas atómicas.
En nuestro caso, la hambruna sería evitada con la emigración de 10 millones de ciudadanos que ya no pueden ir a Panamá, Estados Unidos o el Caribe y Europa, por lo cual los presidentes Gustavo Petro de Colombia y muy especialmente Lula Da Silva de Brasil, estarían obligados a absorber y mantener a esos millones de refugiados económicos, como forma de seguir apoyando y sosteniendo el gobierno de Maduro en Venezuela, aguantando el costo político interno de sus opinión publica y el coste externo de las sanciones estadounidenses, una vez que no quede duda de su compromiso solidario con el gobierno de Nicolás Maduro.
Es aquí, cuando entramos a la versión más extrema de las sanciones como es la imposición de los aranceles del 25% a las exportaciones de los países que compren petróleo y gas a Venezuela, sin obviar que por encima de estas medidas vendrían acciones más extremas como acusaciones de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y otras situaciones de similar tenor, que puedan justificar acciones judiciales, económicas y hasta militares y de inteligencia o actividades encubiertas (Black Operation) contra dichas empresas y gobiernos extranjeros.
Estas son las Sanciones 3.0 de la que trata este artículo y que ciertamente son de temer, ante un gobierno estadounidense que no tiene piedad ni misericordias de sus adversarios y opositores, sean foráneos o domésticos, pues el trato hacia canadienses, europeos y chinos, ilustran claramente la forma en que pueden llegar a tratar a los gobiernos del denominado Sur Global, que se le ocurra hacer acto de oposición a sus planes geopolíticos globales.
En este escenario económico y político tan dramático, donde la "Razón de Estado" o intereses nacionales de los gobiernos extranjeros aliados a la causa de Nicolás Maduro, se vean obligado a abandonarlo, es una situación tan grave, que exige de los mismos un esfuerzo especial para convencer al gobierno de Venezuela de llegar a un acuerdo rápido con el gobierno de Trump, antes de que toda Venezuela se convierta en tierra arrasada, sin medicinas, alimentos ni empresas funcionales, tratando de evitar que la administración Trump pase a una nueva etapa sobre las ruinas de nuestro país, que ya aparece en el horizonte o sanciones 4.0...
En este escenario final, sobre un país devastado económicamente, el gobierno estadounidense, siguiendo el discurso establecido en el documento oficial denominado Orden Ejecutiva, en el que se invoca la Ley de Enemigos Extranjeros y se expone que el gobierno de Venezuela organizó una invasión del territorio estadounidense con fuerzas irregulares bajo su control, sería la excusa para activar la Ley de Poderes de Guerra y darle un tratamiento militar a la crisis política en Venezuela, en búsqueda de un resolución definitiva y radical.
Este último escenario, muy improbable e impensable para políticos y analistas que no conocen el Proyecto 2025 o la Agenda 47 de la administración Trump, es el camino final de esta historia, si no se alcanza una solución negociada a nuestra larga crisis política nacional.
