A falta de conocer los detalles específicos de la reforma constitucional, información que los miembros de la comisión de alto nivel designada para tal fin han guardado con gran celo hasta el punto de no haberse filtrado ningún dato a la opinión pública, sobre lo que sí se puede reflexionar son los 4 temas generales que contienen los cambios del proponente, lo cual ha sido expuesto todos los días en los medios de comunicación, cada vez que hay anuncios del Poder Ejecutivo.
Para efectos prácticos de la comprensión de los temas llevaremos cada uno al sentido de cambio que percibo después de 25 años estudiando el presente proceso político surgido desde la llegada del PSUV, antes MVR en 1999.
1- Mutación política
Contexto político
La promoción de la denominada Democracia Participativa y Protagónica es un tema asociado desde 2006 a la creación y consolidación del denominado Estado Comunal, el cual ha tenido diversos obstáculos jurídicos y políticos en su camino de sustitución del esquema tradicional de estados, municipios y parroquias que desde el gobierno no dudan de calificar de herencia colonial, capitalista, patriarcal, imperialista y cualquier otro tipo de descalificación que al lector se le pueda ocurrir, como si fuera un ente vivo que absorbe las energías revolucionarias de los patriotas del PSUV, cada vez que ganan una elección de alcalde o gobernador en cada proceso ocurrido desde 2008.
Lo cierto es que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta a los Consejos Legislativos de cada estado a redactar y aprobar su propia Ley de División Política Territorial y con ello, si desean tanto sustituir las 1.142 parroquias por 5.000 comunas, no es necesario para nada cambiar la Constitución, puesto que con hacer este cambio y a su vez la Asamblea Nacional incorporar sus facultades administrativas a la Ley del Poder Municipal, es suficiente para formalizar un cambio profundo y constitucional, anclando al municipio a las decisiones de estos órganos representativos, de lo que denominan "el Poder Popular".
No puedo creer que ningún gobernador del PSUV ignore esta realidad, así que la respuesta obvia a este intencionado desdén es no querer compartir el poder político y obviamente el presupuesto con "el pueblo", por lo cual desde Caracas entiende la Dirección Nacional que no existe la intención de desmontar las instituciones "burguesas y contrarrevolucionarias" según el discurso oficialista, como decía el finado Aristóbulo Iztúriz, que el mejor alcalde y gobernador sería quien demoliera estas instituciones, para sustituirla por organizaciones del "Poder Popular". Ya dirá algún experto que Chávez y Maduro no pudieron conseguir un "Elon Musk venezolano y revolucionario" que desde un ministerio acabara con estas instituciones con la misma eficiencia con la cual el secretario de Eficiencia Gubernamental estadounidense ha eliminado miles de programas y proyectos, vaciando de contenido agencias enteras y haciendo públicas una serié de numerosas irregularidades administrativas grotescas y difíciles de creer en apenas 60 días.
Tal es el grado de incapacidad demostrado, ya que no se puede demostrar la falta de intención política, que existen leyes que establecen a la Comuna como la unidad de planificación urbana y muchísimos alcaldes, llamados "revolucionarios", siguen con sus funcionarios presentando proyectos de Ordenanzas de Presupuesto Anual, esquematizados en parroquias y no en comunas.
Para colmo del descaro, también existe el instrumento legal para hacer las transferencias de competencia del Poder Nacional, Estadal y Municipal, siguiendo los principios técnicos de la administración, pero al menos en forma pública, no se conocen muchos casos conocidos de transferencias conocidas.
Las leyes del Poder Popular, dicen que las comunas deben tener banco, parlamento y otras entidades que fomentan herramientas como las empresas de producción social (EPS), que deberían estar funcionando desde hace muchos años.
Más aún, todo este sistema nacional de planificación del Poder Popular debe comenzar desde los más de 49.000 y tantos consejos comunales, que como semillas del Poder Popular plantean que tienen que desarrollar un Plan Comunitario de Desarrollo, que sumado da pie al Plan de Desarrollo Comunal, que sumado da pie al Plan de Desarrollo Municipal, que sumados dan pie al Plan de Desarrollo Estatal, que sumados en su región geográfica dan pie a los Planes de Desarrollo Regional, que sumados dan pie al conocido como Plan de la Patria, desde el primigenio Plan Simón Bolívar hasta el actual Plan de las 7 Transformaciones en 2025.
Todos los planes nacionales están en Internet, mas tengo a bien invitar a los lectores de este artículo a que hagan un esfuerzo sobrehumano para buscar los planes municipales, estadales y regionales, a ver si los pueden conseguir o son documentos clasificados (Top Secret), que son de imposible lectura para el ciudadano común y por ello solo "los elegidos" pueden conocer su contenido. A menor escala, casi vecinal, si el lector conoce a un miembro de su consejo comunal, también puede repetir la experiencia de solicitar copia de los planes de desarrollo comunitarios, que se hacen anualmente (según la ley), para ver cómo han ido modelando al menos teóricamente las mejoras de la comunidad a corto, mediano y largo plazo, finiquitando con la lectura del Plan Comunal de Desarrollo, donde está insertado su consejo comunal.
La no existencia de dichos planes, en algunos sitios (solo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales debería saber oficialmente en cuántos), es una percepción que hace pensar que en realidad, existen demasiadas comunidades, comunas, municipios, estados y regiones, sin planes operativos bien formulados, con base en diagnósticos situacionales realizados, que permitan apoyar de abajo hacia arriba la propuesta que el mismo Hugo Chávez denunció en sus últimos días, como una propuesta con total resistencia política fuera de dicho ministerio, por parte de toda la administración publica nacional a todos los niveles, en lo que después se conoció como el Discurso del Golpe de Timón (tal vez debió ponerle un agente del gobierno nacional a cada alcalde y gobernador que le gritara todos los días: ¡Es la comuna, estúpido!, como le gritaba el asesor de Bill Clinton todos los días, recordándole ¡Es la economía, estúpido!).
Pretender realizar estos cambios por vía constitucional implica el grave peligro de desbaratar instituciones muy debilitadas por la crisis económica y fiscal que sufre Venezuela desde el año 2014, como son las alcaldías y gobernaciones, por unas instituciones que no están por completo desarrolladas para sustituir sus actividades y asumir sus competencias, como serían consejos comunales y comunas, que víctima del desprecio de alcaldes no tienen siquiera su propio presupuesto y nómina de personal operativo a su mando, mientras que nuevas entidades como los distritos motores de desarrollo y las ciudades comunales serían víctimas directas de las debilidades y falencias de las instituciones existentes ya mencionadas.
En conclusión, la Propuesta de Implementación del Estado Comunal puede desbaratar lo existente, si los proponentes de dicha idea no tienen un planteamiento administrativo completo de transferencia de competencias y actividades, que se ajusten a las realidades específicas de cada caso en cuestión, en vez de generalizar por todo el país, institucionalizando el "bochinche" que tanto señaló el precursor Francisco de Miranda como una característica propia de la sociedad venezolana.
No se puede finiquitar este escrito sin reconocer la sindéresis, coherencia y sentido común del Ministerio del Poder Popular para la Defensa en esta materia, que jerarquizó un orden donde las comunas estaban escalonadas, debajo de las parroquias, en su planteamiento de los Órganos de Dirección de Defensa Integral (ODDI), lo cual es un caso muy ajustado a la administración político territorial del país.
Las próximas semanas escribiremos sobre las demás mutaciones (temas planteados).
Gracias por leer hasta el final.
