Las generaciones de jóvenes que se incorporaron al mercado de trabajo en Venezuela a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no conocieron a plenitud las dimensiones del salario y su participación alcanzada en la riqueza nacional, cuando la remuneración de un trabajador fortalecida por la contratación colectiva le permitía alcanzar una vida digna para su familia a través de un sólido poder adquisitivo y la cobertura integral de la seguridad social.
Si bien es cierto que no toda la población estaba cubierta por estos niveles de trabajo digno, el efecto cascada sobre el mercado laboral permitía aliviar parcialmente las penas del resto de venezolanos en condiciones de informalidad y de pobreza extrema, que entonces representaba 45% de la población activa.
Hoy los indicadores de la pobreza en Venezuela se mantienen en niveles más altos como consecuencia de la destrucción del aparato productivo nacional y estatal. Un estudio reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas (03/2025) revela que la pobreza en Venezuela se mantiene en niveles alarmantemente altos, alcanzando 86% en 2024.
Conjuntamente con estas cifras alarmantes se difunde desde el gobierno una nueva concepción del salario sustituida por una parodia de remuneración denominada “Ingreso económico integral indexado”, representada en el monto real que recibe el trabajador, si mencionamos al trabajador del sector público el salario mínimo es menor a los 2 dólares mensuales y los 90 dólares adicionales son bonos sin impacto en los beneficios, ello deriva en aguinaldos de 4 meses equivalentes a la ridícula cifra de 14 dólares.
Si es en el sector privado donde los empresarios registran ingresos para sus operarios entre 200 y 450 dólares mensuales, sería interesante investigar cuánto de eso es salario y cuánto es bono, en un sector donde la contratación colectiva fue históricamente siempre menor a la del sector público.
Entre tanto, el régimen madurista durante sus 12 años de gestión ha afianzado su ofensiva contra el Sistema de Relaciones de Trabajo, inhabilitando sus preceptos constitucionales, legales y contractuales, como no lo hizo ninguna gestión presidencial en nuestra era republicana, incluso comparado con el dictador Marcos Pérez Jiménez, quien al menos permitió la aplicación del incipiente Contrato Colectivo Petrolero aprobado inicialmente en 1946.
Su talante antilaboral lo ha ratificado ante la OIT al ignorar todas sus recomendaciones y acuerdos establecidos en los 4 Foros Sociales realizados desde 2022, incluyendo los Consejos de Administración y conferencias anuales 110ª , 111ª , 112ª realizados en ese período, al extremo de que actualmente en la 353ª reunión del Consejo de Administración, en pleno desarrollo del 10-20 de marzo de 2025, en Ginebra ha continuado con su arrogancia de descalificar la plena aplicación de los convenios en cuestión, 26 Salarios Mínimos, 87 Libertad Sindical y 144 Consulta Tripartita.
Esta cruenta realidad ha sido denunciada y protestada por las centrales sindicales, coaliciones, colectivos sindicales durante la gestión madurista, siendo su característica la división y aislamiento de las jornadas de protesta, producto de la desconfianza y descalificaciones entre las diferentes expresiones del mundo sindical.
Es el momento de superar esta fase de desconcierto, ningún sector puede declararse inmaculado de haber cometido errores y autocalificarse de ser los únicos genuinos representantes de los trabajadores, si entendemos que todos sufrimos los efectos de un régimen dictatorial, es el paso necesario para conformar la unidad de todos los sectores laborales del país.
Esa es la exigencia que los trabajadores plantean a sus directivos sindicales, la unidad mas amplia para reconquistar el salario digno y la seguridad social para todos los sectores de activos, jubilados y pensionados, quienes conocen la letanía de movilizaciones aisladas con poco efecto, frente a un Estado dispuesto a desconocer los derechos laborales consagrados en la Constitución.
Este propósito unitario debe incluir a las academias estudiosas del mundo del trabajo, a los colegios profesionales, a las organizaciones políticas y diferentes expresiones de la sociedad civil, dispuestas a apoyar a los trabajadores en su aspiración de restablecimiento pleno del salario, los contratos colectivos, la libertad sindical y la seguridad social, sometidos actualmente a la degradación más abyecta como jamás se conoció en América Latina.
