A lo largo de la historia, Estados Unidos ha acogido a numerosos inmigrantes que, debido a su valentía y determinación, han tenido un impacto significativo en la sociedad. Tres ejemplos: Albert Einstein, en 1933, por el ascenso del régimen nazi; Madeleine Albright, en 1948, debido a la toma comunista en su país natal y Elie Wiesel, en 1956, después de sobrevivir al Holocausto.
Estados Unidos también se ha destacado en la defensa del asilo y los derechos de los refugiados. Otros tres ejemplos: Eleanor Roosevelt, Martin Luther King Jr. y Barbara Lee.
Roosevelt fue una defensora clave de los derechos humanos y participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fundamenta la protección internacional de las personas refugiadas.
King, líder del movimiento por los derechos civiles, abogó por la justicia y la igualdad, creando un ambiente receptivo hacia quienes buscan asilo y defendiendo a aquellos que huyen de la opresión.
Lee, congresista de California, ha sido una voz persistente en la defensa de los derechos de personas migrantes y refugiadas, sobre todo mediante sus aportes en materia legislativa a favor de la migración, concebida como un derecho.
Lamentablemente, esa inveterada tradición en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas se ha visto trastocada por las primeras ejecutorias en materia migratoria por parte del segundo gobierno de Donald Trump.
Signadas por un tono agresivo y, a menudo, discriminatorio, las acciones de Trump contra las personas extranjeras en Estados Unidos han resonado en todo el mundo, pues violan los estándares internacionales que protegen a quienes buscan refugio en ese país y ponen en riesgo la vida de millones de personas.
No es verdad que todas las personas que buscan refugio en Estados Unidos son delincuentes. Muchos huyen de la violación sistemática de derechos humanos en sus países de origen, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y tales circunstancias encajan en la definición ampliada de persona refugiada establecida en la Declaración de Cartagena sobre refugiados
En países como El Salvador y Honduras, donde la violencia de pandillas determina el funcionamiento de toda la sociedad, las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares y buscar asilo en otros países.
La responsabilidad política de Donald Trump está a la vista de todo el mundo. Su retórica en torno a la idea de "tolerancia cero" ha intensificado el sufrimiento de las personas migrantes y refugiadas y ha profundizado la xenofobia. Al desestimar las normas internacionales, Trump ha contribuido a un clima de miedo y desconfianza, que afecta a quienes buscan asilo y a las comunidades de acogida.
Además, la responsabilidad internacional de Estados Unidos se encuentra en el centro de este debate. Como un miembro más de la comunidad internacional, Estados Unidos tiene la obligación de respetar los estándares internacionales inderogables que protegen a las personas migrantes y refugiadas. En otras palabras, Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de garantizar un trato justo y humano a quienes buscan asilo.
Sin embargo, la administración Trump ha optado por desestimar estas obligaciones, creando un precedente peligroso. La falta de acción y la indiferencia ante las violaciones de derechos humanos socavan la credibilidad de Estados Unidos en el ámbito internacional.
La historia nos enseña que la discriminación y la violencia contra los inmigrantes no solo son injustas, sino que también tienen repercusiones en la sociedad en su conjunto.
Es imperativo que se tomen medidas para restaurar la dignidad y los derechos de quienes buscan refugio, y que se reconozca la responsabilidad tanto a nivel político como internacional. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más justo y humano.
