Tengo la impresión de que este tema no lo está manejando la administración Trump 2.0 con la necesaria prudencia y justicia que el asunto merece: las autoridades colombianas declaran que de los primeros 201 deportados de esa nacionalidad, ninguno presentaba antecedentes criminales. Hubiéramos preferido que las autoridades de la nueva administración Trump 2.0 dieran prioridad, en su política de deportación, a aquellos que sí tenían antecedentes criminales. Era lo justamente esperado.
Luego nos informan los medios independientes que quienes fueron deportados lo hicieron con cadenas en los pies y manos. Malo para el justo tratamiento de los deportados. La legislación internacional en la materia determina que se requiere un tratamiento acorde con el respeto a sus derechos humanos. Es por ello comprensible el reclamo de la Cancillería brasileña sobre este trato indigno dado a sus ciudadanos repatriados. Seguramente también exhibirán datos que confirman la ausencia de actividades criminales entre ellos.
Pero la situación se agrava cuando somos informados de que la administración Trump 2.0 está contemplando enviar a los deportados a Guantánamo, donde se dice que hay capacidad para 30.000 camas. A ese sitio llegarían, según el mismo mandatario, "los peores". Cualquiera puede adivinar que en ese sitio albergarán no solo a los "peores", sino también a quienes no tienen antecedentes criminales.
Insiste Trump en que los deportados son individuos sacados de centros de reclusión de enfermos mentales de sus países y enviados a Estados Unidos. Sin embargo, no ha habido prueba alguna de esta grave denuncia. Igualmente afirma que en Venezuela el índice de criminalidad se redujo en 77%, reflejándose en un incremento del índice del mismo en Estados Unidos. Sin embargo, tampoco hay prueba alguna de esta afirmación. La misma administración Biden venía informando de una caída en los indicadores de la criminalidad en Estados Unidos, y hasta lo anunciaron en la campaña electoral de la entonces candidata Kamala Harris.
El nombramiento de Marco Rubio fue ratificado por el Congreso en Washington sin un solo voto en contra. Prueba de que tiene suficiente conocimiento de la materia para la cual fue asignado. Cualquiera puede prever que habrá, al menos, fricciones no deseadas en el futuro entre un presidente que está demostrando su inclinación a la volatilidad y un funcionario que, por algo, mereció el apoyo unánime de los mismísimos demócratas.
Un medio televisivo estadounidense informaba esta semana que las referidas deportaciones masivas están teniendo un efecto secundario, como cualquier medicina: el costo de las mismas. Se estima que los usos de aviones militares para tales actividades significan aproximadamente 800.000 dólares por viaje, en contra de un poco más de 100.000 dólares en aviones civiles. Cualquiera puede hacer un simple cálculo matemático de lo que significará deportar a la cifra que se estima como población ilegal en Estados Unidos: 14 millones de ciudadanos de diferentes nacionalidades.
El estatus de protección temporal (TPS) extendido al final de la administración Biden, a un poco más de 600.000 venezolanos, fue recientemente revocado por el presidente Trump. Su secretaría de Seguridad Interior, Kristi Noem, en reciente entrevista a Fox News afirmó que "la gente de este país quiere salir de esta basura". Dura y desconsiderada expresión para quienes dieron todas sus señales personales, huellas dactilares, referencias de amigos o familiares residentes en Estados Unidos. No deberían igualarse a los criminales del Tren de Aragua, que si merecen ser enviados al infierno.
Temo que el asunto de las deportaciones que nos ocupa no ha sido analizado concienzudamente por las nuevas autoridades. Las implicaciones de una deportación tan masiva afectarán los derechos humanos de muchos de nuestros connacionales. Piénsese en aquellos que abandonaron nuestro país por razones de persecución política. Ser violentamente regresados, sin una revisión caso por caso, significará que al pie del avión los esperen funcionarios de seguridad del régimen de terror del dictador Maduro.
Cualquiera puede intuir que el tema de las deportaciones masiva responde al cumplimiento de una oferta legal más y hay que honrarla, no importa el costo humano. No se toman en cuenta los derechos humanos. Lo dijo la señora Kristi Noem: "Son basura".
