Una demanda introducida ante la Corte del Distrito Sur de Florida sacó a la luz una presunta campaña de difamación, persecución y acoso sistemático contra el sindicalista Iván Freites y otros líderes civiles en el exilio.
La denuncia acusa a un grupo de individuos y organizaciones de haber ejecutado una estrategia de hostigamiento con el fin de desacreditar a Freites e interferir en sus acciones legales en Estados Unidos y otros países.
Figuras como Horacio Medina, Yon Goicoechea, Orlando Viera-Blanco, José Vicente Carrasquero, entre otros, aparecen señalados como principales responsables de la campaña coordinada de ataques mediáticos y en redes sociales.
Asimismo se mencionan distintas entidades registradas en Florida y Texas que habrían servido como plataformas para difundir contenido difamatorio y obstaculizar el activismo de los demandantes.
Según el documento legal, los acusados habrían llevado a cabo la campaña para desestimar las denuncias de corrupción y violaciones de derechos laborales dentro de Pdvsa y su filial en Estados Unidos, Citgo. La querella afirma que esta estrategia no solo causó un daño reputacional y emocional a Freites y otros activistas, sino que interfirió en procedimientos judiciales en curso.
El expediente señala que los acusados divulgaron información privada y confidencial protegida por órdenes judiciales en el estado de Delaware, lo que agravó el daño causado a las víctimas.
Querella
Freites ha denunciado de manera reiterada las condiciones de explotación, corrupción y represión dentro de Pdvsa, tanto en Venezuela como en sus estructuras internacionales. Su activismo ha sido clave en diversas acciones legales emprendidas contra el saqueo de los activos del país en el extranjero.
El caso se suma a una serie de controversias en torno a la administración de Pdvsa ad hoc, la junta nombrada por la oposición venezolana en el exilio para gestionar los activos de la petrolera en el extranjero. Los demandantes sostienen que esta administración, lejos de garantizar transparencia y protección a los recursos del país, ha permitido la persecución de trabajadores y activistas que exigen rendición de cuentas.
Implicaciones y posibles consecuencias
La querella invoca varias leyes federales, incluidas disposiciones del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO), un estatuto que permite perseguir judicialmente esquemas organizados de crimen y corrupción. También se mencionan violaciones a leyes de privacidad y conspiración civil.
Los demandantes buscan una compensación económica por daños de más de 5 millones de dólares, medidas cautelares para frenar la persecución y una investigación sobre el uso de fondos por parte de las organizaciones involucradas. El caso podría tener repercusiones significativas en la política venezolana en el exilio y en la gestión de Citgo y otros activos venezolanos en Estados Unidos.
Reacciones y expectativas
Hasta el momento, los acusados no han emitido declaraciones oficiales sobre el caso. Sin embargo, la denuncia ha generado inquietud en círculos políticos y empresariales venezolanos en el exterior. Organizaciones de derechos humanos y sindicatos han manifestado su apoyo a Freites y su exigencia de una investigación imparcial.
Este proceso judicial podría convertirse en un precedente clave en la lucha contra la corrupción y la politización de los recursos estatales venezolanos, además de exponer las tensiones dentro de la oposición venezolana en el exilio.
El Nacional seguirá informando sobre los avances de este caso y las reacciones de los implicados.
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